Anticorrupción pide 27 años de prisión para el presidente de Fórum Filatélico

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público dirigido contra 29 personas, entre las que se incluyen los miembros del consejo de administración de Fórum Filatélico con su presidente al frente, el director general de la sociedad, el asesor jurídico y los auditores externos.

El resto de los acusados son personas vinculadas con la red de proveedores de Fórum o a operaciones de blanqueo realizadas por la sociedad.

La Fiscalía señala que a día de hoy continúa "rebelde y en busca y captura" el procesado Carlos Llorca Rodríguez, uno de los máximos responsables de la red de proveedores de Fórum Filatélico. Se cree que controlaba los "complejos circuitos financieros a través de los cuales se desvió al extranjero gran parte de los fondos captados a los inversores".

El Ministerio Fiscal sostiene que Fórum Filatélico desplegó "durante años" una actividad de captación masiva de fondos del público en todo el territorio nacional mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica en los que ofrecía rentabilidades superiores a las ofertadas por las entidades bancarias.

El 22 de junio de 2006, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid declaró a Fórum Filatélico en situación de concurso con un desfase patrimonial de -2.848 millones de euros.

Tras años después, el 9 de mayo de 2009, la sociedad fue intervenida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que presentó una querella tras la investigación desarrollada por la AEAT.

Penas de prisión de entre dos y 27 años

Anticorrupción formula escrito de acusación por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capitales y solicita penas de prisión que oscilan entre los dos y los 27 años de cárcel, además de multas millonarias.

En concreto, reclama 27 años de cárcel para el presidente de la sociedad por delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales y blanqueo de capital.

Para el director general de la entidad, Antonio Merino Zamorano, reclama 16 años de prisión por delitos de estafa, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Los cuatro consejeros de Fórum Filatélico imputados, Miguel Ángel Hijón, Francisco José López, Agustín Fernández y Juan Maciá, se enfrentan a una solicitud de 15 años de cárcel por estafa, insolvencia punible y falseamiento de las cuentas anuales.

La Fiscalía también reclama once años de prisión para el asesor jurídico de la sociedad, Juan Ramón González; tres años para el auditor José Carrera y dos para Rafael Ruiz, también auditor, por falseamiento de cuentas. Para las personas que colaboraron con Fórum en el fraude, Anticorrupción solicita entre dos y ocho años de cárcel.

Cómo funcionaba la red

Anticorrupción detalla en su escrito de acusación que Fórum Filatélico se dedicó durante años a captar de manera masiva fondos del público por toda España mediante la suscripción de contratos de inversión filatélica, ofreciendo a cambio rentabilidades superiores a las de las entidades bancarias.

Así, explicaba a sus clientes que los intereses que se les pagaban derivaban de la revalorización de los sellos que asignaba a sus contratos, cuando en realidad los abonaba con las aportaciones a otros clientes dentro de un esquema piramidal que le obligaba a captar nuevos inversores permanentemente.

Cuando la sociedad fue intervenida, Fórum había captado más de 3.200 millones de euros de 269.000 inversores a través de 393.000 contratos. Sin embargo, carecía de patrimonio para devolver esas aportaciones, dado que su mayor activo era la filatelia, "que valoraba libremente a través de unas listas propias cuyos precios incrementaba sistemáticamente cada trimestre cuando en los catálogos filatélicos era 11 veces menor y en el mercado real" casi nulo.

La Fiscalía destaca la imposibilidad de colocar en el mercado los más de 121 millones de sellos depositados en sus instalaciones. "De hecho, en la última época, Fórum Filatélico no fue capaz de encontrar ninguna entidad que se prestarse a asegurar los sellos por el valor asignado en sus listas, por lo que su stock filatélico y el de los clientes se encontraba sin asegurar", explica.

También apunta que una gran parte de los fondos que captó la sociedad fue empleada en "alimentar" su propia maquinaria piramidal y satisfacer las elevadas retribuciones de sus administradores y directivos, así como los crecientes gastos de su red comercial.

El resto, se destinó a una red compleja de sociedades extranjeras "interpuestas al servicio del fraude que operaban como supuestos proveedores de filatelia.

Diez años de instrucción

La instrucción del procedimiento ha durado 10 años y por ella han pasado tres magistrados: Fernando Grande Marlaska, Baltasar garzón y Pablo Ruz. La razón de esta prolongación en el tiempo se debe a la "extraordinaria" complejidad de los hechos.

La causa se compone de cientos de tomos y de decenas de cajas con decenas de miles de documentos incautados en más de 20 registros judiciales practicados en domicilios de diversas sociedades y particulares.

A lo largo del proceso ha sido necesario remitir hasta 115 comisiones rogatorias a jurisdicciones de 24 países y territorios, en ocasiones sin obtener resultados.