España es uno de los países de la UE con menos concursos de acreedores

El informe, que realiza una comparativa entre los siete principales países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Portugal, Dinamarca, Finlandia y España), concluye que España tiene una evolución peculiar en cuanto al número de concursos de acreedores con respecto a otros países europeos.

Por un lado, España es el país de la UE entre los siete analizados en el que en 2016 se produjo el mayor descenso (-20%) en cuanto al número de concursos respecto al año 2015, hasta los 4.080 concursos. En otros países europeos como Francia, Alemania e Italia también disminuyeron, pero dentro de cifras más moderadas, inferiores al 11%, que es lo habitual.

Además, la cifra de concursos de empresas en España (4.080 anuales en 2016) continúa siendo inferior a los de otras economías de Europa (Francia, cerca de 58.000; Alemania, 21.518; Reino Unido, 16.502; Portugal, algo más de 7.000, y Dinamarca, 6.674). Mientras, Portugal, país cuyo PIB es seis veces inferior al de España y con cuatro veces menos de población, casi dobla a España en número de concursos.

Por otra parte, se observa una cierta correlación entre el incremento porcentual del PIB y la disminución en el número de concursos: España, con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2016, presenta una disminución concursal en dicho año del 20%; Alemania crece un 1,9% y disminuyen los concursos un 9%; en Francia su PIB se incrementa un 1,2% y bajan los concursos un 8%; así como en Italia, cuyo PIB sube un 0,9% y se reducen los concursos de acreedores un 8,6%.

Así, el porcentaje de disminución concursal por el aumento del PIB es mucho mayor en España que en otros países. No obstante, en los países escandinavos y del Norte de Europa, como Finlandia y Dinamarca, no se observa de forma tan clara dicha correlación.

EVOLUCIÓN UNIFORME EN PAÍSES MÁS DESARROLLADOS.

Otra conclusión del informe es que los países europeos más desarrollados tienen, por regla general, una evolución concursal más "constante y uniforme", incrementándose su porcentaje en unos intervalos de en torno al 11%.

No obstante, según los expertos en economía forense, no es habitual que un país tenga sucesivas evoluciones porcentuales por encima de la media europea, como ocurre en el caso de España, que se sale de la media de los países europeos en cuanto a su evolución concursal, al caer un 20% en 2016, e incluso por encima de este porcentaje en años anteriores.

Si se comparan los concursos de acreedores con el número de empresas existentes -independientemente de su tamaño- en los respectivos países (España, 3,1 millones de empresas; Francia, 2,8 millones; Alemania, 3,7; Reino Unido, 3,6; Italia, 3,9, y Portugal, 1,1), se obtienen una serie de ratios, que ponen en evidencia, para el caso de España, que muchas empresas no acuden al concurso, frente a otros países en los que sí se acude a esta vía de resolución de insolvencias.

El coeficiente obtenido en España (0,1) es muy inferior y se aleja del de países de SU entorno, como Francia (2,1), Alemania (0,6), Portugal (0,8) y Dinamarca (1,4).

REFORMA CONCURSAL.

Según los expertos, el número de concursos de acreedores en España debería ser mayor de lo que manifiestan las cifras oficiales, que son demasiado bajas comparadas con otros países europeos, lo que apunta a una economía sumergida de insolvencias que no acaban en concursos, como muestran los datos del Fogasa.

Desde el Refor señalan que en la próxima reforma concursal a realizar, y en el contexto de modificaciones que se van a introducir en la nueva directiva europea de insolvencias que se está elaborando, deberían tenerse en cuenta estos datos y preguntarse por qué en España se acude menos al concurso que en otros países europeos.

En este sentido, proponen introducir mejoras para resolver las ineficiencias actuales del modelo concursal español y favorecer la resolución de las insolvencias a través de este mecanismo. Entre los problemas del actual sistema concursal, los expertos del Refor apuntan, entre otros, la lentitud y el elevado coste de los procedimientos concursales, que desincentivan a los empresarios a la hora de acudir a esta vía legal.

También creen que sería necesario limitar los privilegios que mantienen los créditos públicos (Hacienda y Seguridad Social) en estos procedimientos.

En este sentido, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha señalado que "pese a los avances normativos de los últimos años en materia concursal, las insolvencias en nuestro país deberían tener un tratamiento más ágil y menos formalista".

De su lado, el presidente del REFOR, Alfred Albiol, ha destacado que "las situaciones de insolvencia siguen percibiéndose como un estigma, por lo que muchas empresas se resisten a acudir al concurso por una posible pérdida de reputación".