Economía mejorará la supervisión de los planes de pensiones de empleo

En concreto, la norma busca fomentar y mejorar la supervisión prudencial de los planes y fondos de pensiones, mediante la actualización de la normas relativas a esta actividad, con el objetivo de proteger los derechos de los partícipes y beneficiarios, así como la estabilidad y la solvencia de los fondos de pensiones.

La trasposición de la directiva comunitaria, que debe completarse antes del 13 de enero de 2019, supone también adaptar la legislación española a las nuevas obligaciones de información que se deben facilitar a los partícipes y beneficiarios de los planes de pensiones.

Estas obligaciones deben fundamentar de forma "clara y adecuada" las decisiones sobre la jubilación tanto de partícipes como de beneficiarios, así como garantizar un elevado nivel de transparencia a lo largo de las distintas fases de los planes de pensiones.

Además, la nueva legislación adaptará el actual sistema de gobernanza de los fondos de pensiones a las nuevas directrices de la UE con el objetivo de "garantizando una gestión adecuada y prudente de las actividades del fondo de pensiones", un aspecto "esencial" para gestionar adecuadamente los riesgos y la protección de los partícipes y beneficiarios, explica Economía.

En última instancia, la normativa facilitará el ejercicio de la actividad y las transferencias transfronterizas de los planes de pensiones de empleo mediante la clarificación y regulación de los procedimientos aplicables.

Para la trasposición de la directiva comunitaria, el Ministerio propone dictar una norma con rango de ley. Por ello, considera adecuado elaborar un anteproyecto de modificación del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.

Asimismo, se elaboraría una norma con rango de Real Decreto para modificar las disposiciones reglamentarias de planes y fondos de pensiones contenidas en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en lo que resulten afectadas por la Directiva y la ley proyectada.

ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXIGIDA A LAS ASEGURADORAS

Por otra parte, la DGSFP también ha sometido a consulta pública la Circular por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actuación y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración.

Esta norma busca estandarizar la información exigida al sector asegurador en el marco de Solvencia II.

De acuerdo con el proyecto de circular, los responsables de la revisión del informe sobre la situación financiera y de solvencia serán el revisor principal y el profesional y, si uno de los dos es auditor, el otro deberá ser actuario. El informe deberá ser elaborado articulando los trabajos realizados por los dos y teniendo en cuenta las conclusiones de ambos.

La norma afecta a todas las entidades de seguro, de reaseguro y sucursales de entidades aseguradoras o reaseguradoras de terceros países que ejerzan su actividad aseguradora o reaseguradora en España.

El texto establece que la entidad revisada deberá proporcionar al auditor y al actuario acceso a toda la información de la que tenga conocimiento y que considere relevante o bien que le soliciten éstos específicamente para la elaboración del informe especial de revisión, así como acceso ilimitado a todo el personal que trabaje para la entidad revisada del que el auditor o el actuario consideren necesario obtener la información necesaria para llevar a cabo su función.

Los papeles de trabajo se mantendrán, por el revisor principal, a disposición de la DGSFP durante un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de emisión del informe especial de revisión.

Estas normas estarán sometida a consulta pública hasta el próximo 15 de enero, de acuerdo con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.