Economía alerta de que la independencia de Cataluña tendría un impacto mayor en el PIB que el estimado ahora

La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, ha afirmado este martes que el enfriamiento de las previsiones económicas de 2018 por parte del Gobierno, que ha rebajado el aumento del PIB del 2,6% al 2,3%, contempla solo la incertidumbre derivada por la situación política en Cataluña, pero no un escenario de crisis o de independencia porque sus efectos serían "mucho mayores", aunque "no se va a producir".

Durante su intervención en el foro Cinco Días, Garrido ha indicado que el impacto del desafío independentista en Cataluña "acaba teniendo incidencia en el ámbito económico" y ha explicado que en el enfriamiento de las previsiones económicas para 2018 recogido en el plan presupuestario que envió ayer el Gobierno Bruselas solo se ha reflejado el efecto de la incertidumbre generada en el mercado por la situación en Cataluña, pero no de una hipotética independencia, ya que los efectos serían "mucho mayores".

Garrido ha asegurado que ese escenario "no va a ir más allá", ya que la independencia "no se va a producir", por lo que el borrador presupuestario enviado a Bruselas ni siquiera recoge el impacto de la crisis política catalana en el más corto plazo. De hecho, el Gobierno ha elevado en una décima, hasta el 3,1%, la previsión de crecimiento del PIB para este año.

La situación en Cataluña "está generando inquietud, incertidumbre y una situación muy dura, está influyendo en la propia sociedad catalana y en la economía catalana", ha advertido Garrido, quien ha insistido en que en el corto plazo los indicadores no reflejan una modificación del crecimiento por este asunto y ha destacado que hasta ahora la evolución económica de Cataluña iba "muy a la par" de la española.

En este sentido, ha recordado que España creció un 3,3% en 2016 y la economía catalana lo hizo una décima por encima, al verse "favorecida" por el proceso de recuperación económica y ser una economía "enormemente abierta", que ha aprovechado el impulso de las exportaciones y la que más se ha beneficiado de los fondos de liquidez del Estado.

LA INDEPENDENCIA, UN "SUICIDIO ECONÓMICO"

Según Garrido, el éxodo de empresas de Cataluña es el reflejo de que una hipotética independencia sería un "suicidio económico", ya que "nadie" puede pensar que se produjese su salida de los tratados comerciales de la UE o que hubiese fronteras físicas entre Zaragoza y Barcelona.

Además, ha advertido de que la independencia catalana tendría una repercusión "claramente financiera", ya que conllevaría su salida del euro, de forma que las entidades financieras con domicilio en Cataluña no podrían acceder a ventanas de liquidez europeas, a lo que se suma que el Gobierno central es el principal acreedor de Cataluña y el segundo el BEI, con unos fondos estructurales de 4.600 millones de euros para el periodo 2017-2020 que "se perderían".

En suma, se produciría un "empobrecimiento" de la población, con restricción del crédito, tensiones presupuestarias al haber menos ingresos tributarios, y conllevaría un proceso inflacionista debido a la necesidad de financiar déficit emitiendo deuda, un "desastre" de fuga de capitales y falta de confianza.

LA "ESPERANZA" DE APROBAR LOS PRESUPUESTOS

La 'número dos' de Economía ha reconocido que la ausencia de cuentas públicas para 2018 afecta a la inversión pública, si bien no ha descartado que puedan aprobarse y ha dicho tener la "esperanza" de que se pueda alcanzar un acuerdo y poder realizar su tramitación.

"Cuando la situación se normalice, todos los partidos haremos un esfuerzo para que se puedan articular los Presupuestos, que conllevan medidas que sin duda van a favorecer el crecimiento económico y ayudan a cumplir los compromisos con Bruselas y al cumplimiento del déficit", ha remarcado.

Asimismo, la secretaria de Estado de Economía ha destacado que la economía española se encuentra en una fase de "robusto crecimiento", ya que los datos del segundo trimestre confirman que se mantiene un "alto dinamismo", puesto que se esperaba una ralentización a comienzos de año y finalmente se ha producido una aceleración, con un avance del 0,9% entre abril y junio.

A este respecto, ha remarcado que el crecimiento que se está produciendo desde 2016 es "mucho más equilibrado", con aportaciones positivas de demanda interna y externa, gracias a que el crecimiento es "mucho más abierto al exterior", como refleja el patrón de crecimiento, en el que la construcción ha pasado de representar más del 19% en 2008 a un 10% en 2016, en tanto que las exportaciones aumentaron su peso de un 25% a un 33%, respectivamente.

No obstante, ha advertido de que persisten retos y desequilibrios, como el desempleo, a pesar de que el paro se ha reducido en 2,4 millones de personas desde la tasa de desempleo más elevada, del 27%, registrada a principios de 2013.

También ha hecho hincapié en la importancia de cumplir el déficit público, pese a haber pasado de un déficit del 9% en 2012 a cerrar el año pasado con un sobrecumplimiento del 4,52%, y esperar cumplir este año con el objetivo del 3,1%; y en la relevancia de la reducción del endeudamiento privado en 500.000 millones desde 2010.

Para este año el Gobierno espera que la ratio de deuda pública cierre el ejercicio en el 98,1%."El esfuerzo de los españoles y el intenso proceso reformista ha hecho posible que España haya recuperado la confianza de los mercados", ha añadido.

SALARIOS Y PENSIONES

Preguntada sobre si la evolución del IPC podría presionar la negociación salarial, Garrido ha indicado que hay una "normalización" de la inflación, ya que, después de cerrar el IPC en el -0,2% de media el año pasado, arrancó el 2017 con inflaciones elevadas y ha ido convergiendo con la subyacente los meses posteriores, hasta el 1,8% en septiembre.

Para Garrido, la normalización de los salarios se tiene que producir aprovechando la recuperación económica, pero "tiene que venir de la mano de la reducción del paro", ya que la mas salarial ha disminuido del 49% al 47%, debido al efecto empleo, que ha caído un 11%, y no salario.

En cuanto a las pensiones, ha subrayado que el problema de la sostenibilidad del sistema hay que abordarlo, como se está haciendo en la Comisión del Pacto de Toledo, el "lugar adecuado" para consensuar una solución. "A lo mejor está absorbiendo partidas que podrían ir a otro lado", ha opinado Garrido, quien ha destacado que se está garantizando su revalorización en un 0,25%.

PRÓXIMAS REFORMAS

Por último, sobre las próximas medidas del Gobierno, ha enumerado la aprobación de la ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario para dotar de seguridad jurídica a los procesos hipotecarios; la transposición de la directiva MIFI II para evitar conflictos entre empresas que ofrecen servicios de inversión; avanzar en la naturaleza de supervisión de mercados, creando autoridades administrativas independientes al dividir la CNMC en Competencia y Mercados, integrar el ICAC en la CNMV y crear una Agencia independiente para Seguros y fondos de pensiones.

A su vez, se profundizará en la estrategia de crecimiento empresarial para eliminar trabas y topes a la expansión de las empresas.

De esta forma, ha insistido en la necesidad de mantener la agenda reformista, a pesar de que haya un Congreso "muy fragmentado", que obliga a que "el buen diálogo sea más necesario para aprobar leyes". "Lo mejor de que las reformas se aprueben por consenso es que tendrán una capacidad de permanencia mucho mayor al ser reconocidas por un mayor número de representantes y podrá desplegar mucho más sus efectos", ha añadido.