Arrestan a una veintena de personas en una operación por el caso de los ERE fraudulentos

Según las fuentes consultadas, las 20 detenciones se han producido nueve en Barcelona, que serían cargos y directivos de la consultora Vitalia Vida y de Eurobank; cuatro en Sevilla, entre ellos Eduardo Leal del Real, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" de la trama, y José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís ya imputado en la causa; tres en la provincia de Cádiz; uno en la provincia de Granada, Ismael Sierra, cuñado del exsindicalista Juan Lanzas, imputado en la causa como 'conseguidor' de la trama; y uno en Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a ellos, nueve personas ya imputadas en la causa han sido citadas a declarar ante la juez Mercedes Alaya, cuatro en la provincia de Sevilla, tres en la provincia de Jaén, uno en Madrid y otro en Cádiz. Entre ellos figuran el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, que declara ante la magistrada desde las 14,15 horas; el exdirectivo de Mercasevilla Daniel Ponce, imputado por la causa de los ERE y por un presunto delito societario cometido en la gestión de Mercasevilla; y el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal y el administrador de la consultora Uniter José González Mata, también imputados en la causa de los ERE.

Por último, en el marco de la operación se han practicado un total de 13 registros, cuatro de ellos en la provincia de Jaén (todos ellos en domicilios, uno en la capital y tres en Albanchez de Mágina --localidad natal del 'conseguidor' Juan Lanzas--); cuatro en la provincia de Sevilla ( dos en empresas y dos en domicilios); otros dos en la provincia de Cádiz (uno en empresa y otro en domicilio); otros dos en la provincia de Granada (uno en empresa y otro en domicilio); y uno en un domicilio de Madrid.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, las detenciones se están practicando dentro de la investigación que se encuentra bajo secreto de sumario a fin de investigar quiénes son los "verdaderos" beneficiarios de los fondos públicos investigados y la posible comisión de delitos de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de capitales.