Cs quiere que la nueva ley hipotecaria obligue al prestamista a entregar gratis un informe de solvencia

Ciudadanos quiere que la próxima ley hipotecaria obligue a las entidades prestamistas a entregar a sus potenciales clientes un informe sobre la solvencia de los mismos, en el que justifique la concesión o no del préstamo hipotecario.

Así consta en una de las enmiendas presentadas por la formación naranja, a la que ha tenido acceso Europa Press, al proyecto de ley de crédito inmobiliario que tramita en estos momentos el Congreso tras superar el pasado mes de febrero su debate de totalidad.

En ella, referida a la obligación de evaluar la solvencia del potencial prestatario, Ciudadanos reclama que el prestamista informe por escrito y de forma gratuita del resultado del citado análisis y le advierta de forma motivada de las razones para conceder o no el préstamo. Asimismo, deberá entregarle una copia del resultado del estudio en el que se identifiquen las fuentes y criterios aplicados en su análisis.

EVALUAR HASTA UNA POSIBLE PENSIÓN

Este proceso de evaluación al potencial cliente, recalca la formación naranja, deberá ser asumido por la entidad prestamista, sin que pueda repercutiste al prestatario, y en ella Ciudadanos define una serie de baremos que quieren que la propia ley recoja para su obligado análisis.

Así, Ciudadanos quiere que esta evaluación tenga en cuenta factores como la situación de empleo, los ingresos presentes, los previsibles durante la vida del préstamo, activos en propiedad, ahorros, gastos fijos y los compromisos ya asumidos.

Asimismo, piden valorar el nivel previsible de ingresos a percibir tras la jubilación, en el caso de que se prevea que una parte sustancial del crédito o préstamo se continúe reembolsando una vez finalizada la vida laboral.

OPOSICIÓN SI LA CAUSA DEL IMPAGO ESTABA EN EL INFORME

En su enmienda, la formación naranja también quiere penalizar los créditos otorgados en situaciones cuestionables de solvencia, señalando que si el deudor no puede devolver el préstamo por circunstancias presentes y previsibles al conceder el crédito, este puede oponerse a la reclamación realizada por el prestamista.

En su caso, podrá alegar el incumplimiento por parte del prestamista de la obligación de evaluar la solvencia o la concesión del préstamo existiendo una valoración negativa, acordando en ese caso la pérdida del derecho del prestamista al cobro de los intereses remuneratorios y moratorios, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, y correspondiendo a este la carga de la prueba del cumplimiento de la obligación de evaluar la solvencia.

CONTROL DE LAS AUTORIDADES

Por otro lado, Ciudadanos también quiere completar la revisión de los procedimientos internos de estos métodos de evaluación. El proyecto de ley recoge la obligación de revisión por parte de los propios prestamistas, pero la formación naranja también pide en la propia ley que las autoridades competentes lleven a cabo ese análisis periódico.

Otro de los aspectos reflejados en su enmienda es la de la información de potenciales clientes recogidas en bases de datos, proponiendo que, cuando la denegación de un crédito se apoye en una consulta a una base de datos, el prestamista informe del nombre de la base de datos consultada, del responsable de la misma, así como del derecho que le asiste de acceder y rectificar, en su caso, los datos contenidos en él.

Por otro lado, a la gira de recabar información, fija los límites para ello en la propia Ley de Protección de Datos y establece como obligatorio la consulta del historial crediticio del cliente en la Central de Información de Riesgos del Banco de España, así como a entidades privadas de información crediticia.

En caso de que el prestamista conceda el préstamo, quieren que se comuniquen los siguientes datos a las oficinas privadas de información crediticia: importe original, fecha de inicio, fecha de vencimiento, importes pendientes de pago, tipo de préstamo, garantías existentes y valor que alcanzan.