Convergència acusa al Gobierno de incumplir la ley con objetivos de déficit más exigentes para las CCAA

Por ello, han solicitado a través de una proposición no de ley registrada en el Congreso, recogida por Europa Press, la modificación en el plazo de un mes del reparto de este objetivo de déficit entre las administraciones para 2016 y distribuir los objetivos para 2017 y 2018 cumpliendo lo establecido en la disposición transitoria primera de esta ley orgánica.

En ella se establece una reducción del déficit estructural --aquel que es propio de la administración y no depende del ciclo económico-- repartido entre Administración Central y las comunidades autonómicas en función de los porcentajes de déficit registrados el 1 de enero de 2012, año de la aprobación de la ley --un 60,54% por parte del Estado y un 39,46% de las CCAA, según apuntan desde PDC--.

Sin embargo, estos porcentajes no solo no se han mantenido --en cumplimiento de la ley-- sino que se han ido modificando, favoreciendo año a año a la Administración Central hasta llegar a un peso de déficit estructural de las CCAA del 2,1% y por parte del Estado del 97,9%.

LAS CCAA HABRÍAN CUMPLIDO CON SUS OBJETIVOS

Precisamente, esta norma permitía, en palabras de la formación catalana, "dar estabilidad al proceso de reducción del déficit público limitando la discrecionalidad del Gobierno" en el reparto de este objetivo, y su incumplimiento ha provocado, lamentan, que las CCAA hayan tenido que hacer recortes mayores. En el caso de Cataluña, alegan, entre 1.655 y 2.595 millones de euros.

Y es que si los objetivos de déficit para las CCAA entre 2012 y 2015 (ambos inclusive) fueron del -1,5%, -1,3%, -1,0 y -0,7%, respectivamente, estos tendrían que haber sido, en cumplimiento con dicho precepto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del -2,3%, -2,5%, -2,24% y -1,78% en cada caso.

Bajo estos márgenes, todas las CCAA habrían cumplido sus objetivos de déficit "con creces", asegura la formación catalana. Por consiguiente, el incumplimiento del déficit estructural por parte de la administración central habría sido aún mayor.

Por ello, reclamando el cumplimiento a esta norma, la antigua Convergència ha exigido que, además de modificar ese reparto de déficit para 2016 entre las administraciones central y autonómica, se fijen para 2017 y 2018 objetivos acordes a las proporciones de 2012; y tener en cuenta este "incumplimiento sistemático" en el caso de que la Comisión Europea inste a adoptar nuevos recortes para que estos, en ese supuesto, correspondan exclusivamente a la administración central.