El Gobierno bonificará con 1.650 euros a quienes se incorporen a la economía social

Así se recoge en el anteproyecto de Ley aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, para su remisión al Consejo Económico y Social (CES), en el que, además de nuevos incentivos para el autoempleo, se establecen medidas para facilitar de nuevos socios a las entidades de la economía social, apoyar a estas entidades y facilitar a los trabajadores con mayores dificultades su incorporación al mercado laboral.

Sobre este último extremo, el texto mantiene las bonificaciones a favor de las empresas de inserción, cuando contraten personas en situación de exclusión social, por una cuantía de 850 euros al año, durante un máximo de tres años o de 1.650 euros para los supuestos de menores de 30 años o de 35 años en el caso de personas con discapacidad reconocida del 33%.

Para facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a la empresa ordinaria, se amplía la bonificación existente en las cuotas empresariales por la contratación de dichos trabajadores.

De este modo, en el caso de que una empresa ordinaria contrate a un trabajador procedente de una empresa de inserción, podrá beneficiarse de bonificaciones en sus cotizaciones sociales durante cuatro años: 1.650 euros durante el primer año y 600 euros cada año durante los tres siguientes si la contratación es de tipo indefinido, o 1.650 euros durante el primer año y 500 euros los siguientes si se trata de una contratación temporal.

En otro orden de cosas, el anteproyecto de Ley reconoce a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción, cooperativas y a las sociedades laborales, como entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Ello les permite acceder a subvenciones de hasta 500.000 euros en tres años. Asimismo, se amplían las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación.

Las cooperativas y sociedades laborales dan empleo directo en España a casi 335.000 personas y los centros de empleo y las empresas de inserción emplean a más de 75.000 trabajadores, a los que hay que sumar los del resto de fórmulas de la economía social, como las fundaciones, las asociaciones, las mutualidades o las cofradías de pescadores.