El Consejo de Política Fiscal aprueba el jueves los objetivos de déficit y deuda de las comunidades

El Gobierno ha convocado para este lunes la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y para el jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), para acordar y fijar con ayuntamientos y comunidades autónomas, respectivamente, los objetivos de déficit y deuda para el periodo 2018-2020.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, y el titular de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, presidirán este lunes a las 17.00 horas la reunión de la CNAL, y previsiblemente harán lo mismo en la reunión del CPFF el jueves por la tarde.

En ambas reuniones, el Gobierno comunicará a los ayuntamientos y a las 17 comunidades autónomas los objetivos de estabilidad presupuestaria para los tres próximos ejercicios.

En el caso de los ayuntamientos, el Gobierno marcó en la última CNAL del pasado 30 de noviembre un objetivo de déficit del 0% del PIB para 2016 y para los tres ejercicios siguientes. De la misma manera, objetivo de deuda pública del conjunto de las entidades locales fijado fue del 3,1% del PIB para 2016; del 2,9% para 2017, del 2,8% para 2018 y del 2,7% para 2019.

Por su parte, para las comunidades autónomas el objetivo de déficit público para 2016 marcado en la última reunión del CPFF, celebrado el 1 de diciembre, quedó establecido en el -0,7% del PIB nacional.

A su vez, el objetivo de deuda pública para el conjunto de las comunidades autónomas para el ejercicio 2016 fue fijado en un 24,4% del PIB nacional, mientras que para el trienio 2017-2019 se estableció en los siguientes términos: 24,1% para 2017, 23,6% para 2018 y 22,7% para 2019.

Para este año está prevista una relajación generalizada de los objetivos ante el mayor margen conseguido por la menor exigencias de cumplimiento del déficit público, el notable crecimiento económico registrado y el consiguiente mayor margen que ofrecerá en el techo de gasto de 2018.

Los objetivos comprometidos con Bruselas fijan un déficit del 2,2% para 2018, distribuido entre un 1,2% en la Seguridad Social, un 0,7% en la Administración Central y un 0,3% para las comunidades autónomas, frente al equilibrio que alcanzarán de nuevo las corporaciones locales.

De esta forma, tras salir del procedimiento de déficit excesivo el próximo año, el objetivo de déficit del conjunto de las administraciones pactado para 2019 se sitúa en el 1,3%, repartido entre la Seguridad Social (1%) y la Administración Central (0,3%) y con equilibrio presupuestario en comunidades autónomas y entidades locales.

En detalle, los objetivos de deuda son del 71,3% para la Administración Central en 2018 y el 70% en 2019; del 23,6% y el 22,7% para las comunidades autónomas y del 2,8% y el 2,7% para las entidades locales, respectivamente.

Por su parte, la deuda pública, que se situará en el 98,8% en 2017, bajará al 97,7% en 2018, al 95,4% en 2019 y al 92,5% en 2020, lo que supone una caída de algo más de seis puntos en estos cuatro años.

TECHO DE GASTO, EL 3 DE JULIO

El Gobierno adelantará un día la reunión del Consejo de Ministros de la próxima semana y, como para entonces no tendrá cumplidos todos los trámites, pospondrá al lunes 3 de julio la aprobación del techo de gasto de 2018, el prólogo de los próximos Presupuestos Generales que llegarán al Congreso el 30 de septiembre.

Según indicaron fuentes oficiales, el adelanto de la reunión del Consejo de Ministros se debe a que el viernes 30 de junio hay una cumbre bilateral con Polonia cerca de Cracovia que conlleva que el presidente y varios ministros se desplacen a ese país.

Por ello, la reunión semanal del Consejo de Ministros se adelantará al jueves 29 de junio. Ahora bien, ese mismo día está prevista la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde el Gobierno y las comunidades autónomas deben examinar el techo de gasto.

La legislación establece que los objetivos de estabilidad presupuestaria deben ser fijados "en el primer semestre de cada año" por acuerdo del Consejo de Ministros "y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local en cuanto al ámbito de las mismas".

Por ello, el Gobierno tendrá que esperar a una nueva reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ya el lunes 3 de julio, para aprobar el techo de gasto de 2018.

Ese acuerdo del techo de gasto deberá someterse a votación en sesión plenaria tanto en el Congreso como en el Senado, lo se prevé para la semana del 11 al 13 de julio.

Y sabiendo ya los límites de deuda y de gasto, el Gobierno podrá empezar a preparar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, que deberán presentarse en el Congreso ante del 30 de septiembre.

SIN MUCHO MARGEN EN EL TECHO DE GASTO

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ya ha iniciado la negociación sobre el límite de gasto no financiero (techo de gasto) para 2018, cifra necesaria para la elaboración de los próximos Presupuestos Generales del Estado, pero Hacienda no prevé ofrecer un mayor margen que el fijado en las cuentas de 2017, que están en su última fase de tramitación parlamentaria.

Para 2017, el Gobierno fijó el techo de gasto en 118.337 millones, 5.000 menos que en el año anterior, pero equivalente a lo ejecutado al final del ejercicio 2016.

Montoro ha adelantado que el techo de gasto del Estado no subirá en 2018 por encima del 2,3%, por lo que podría rondar finalmente los 121.000 millones de euros, y que la voluntad del Gobierno es la de negociarlo con el PSOE, con la intención de iniciar la tramitación parlamentaria de los Presupuestos de 2018 en el mes de septiembre.

De su lado, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó el pasado viernes que el Gobierno ve "margen de negociación" con el PSOE para el techo de gasto de las cuentas de 2018 y destacó que cree que no "va a haber dificultades desde el punto de vista de la aprobación" de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año.

Para los Presupuestos de 2018, Hacienda estudia la aplicación de mejoras en los sistemas de ayudas asistenciales para funcionarios de rentas bajas, así como en las ayudas en acción social (ayudas sociales, tratamientos odontológicos, gafas, prótesis, entre otras) que se prestan tanto en el mutualismo administrativo como en los diferentes departamentos ministeriales, según ha informado esta semana el sindicato CSIF.