El Congreso da el primer paso para igualar las condiciones laborales de los subcontratados

En concreto, la tramitación de la iniciativa de los socialistas ha contado con el respaldo del PSOE, Unidos Podemos-En Comú-En Marea, ERC, PNV, PEDCat, Bildu y Nueva Canarias, frente a los votos en contra del PP y Foro, y la abstención de Ciudadanos.

La proposición de ley, cuyo debate había sido vetado por el Gobierno al considerar que supone aumento de gasto, modifica el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para igualar las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, de forma que los empleados que prestan servicios en un mismo sector tengan garantizado "el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo".

PRECARIZACIÓN POR EXTERNALIZACIÓN

La portavoz adjunta de Empleo del Grupo Socialista, Tamara Raya, ha explicado que el objetivo de la iniciativa es evitar que el proceso de externalización que "se está extendiendo" en las empresas incida en la mayor precarización de las condiciones laborales.

"La reforma laboral del PP ha conducido al país a un modelo de empleo precario, de desprotección frente al desempleo, de bajos salarios, un modelo autoritario de relaciones laborales que ha roto el equilibrio de poder entre trabajadores y empresarios y está debilitando la negociación colectiva", ha denunciado Raya.

En este sentido, ha alertado de que el proceso de subcontratación está "muy extendido" en el sector de la hostelería, sobre todo en Canarias y Baleares, pero también se propaga con "suma rapidez" en otras zonas turísticas y ya es "usual" sectores como el de la automoción, logística o contact center.

"Tenemos un país sembrado de desigualdades y trabajadores pobres", ha apostillado Raya, quien ha denunciado que la cifra de ocupados en riesgo de pobreza en España es tres puntos superior al a media europea por la "precariedad laboral el desempleo y las desiguladades" derivadas de la reforma laboral de 2012.

A este respecto, ha advertido también del "debilitamiento" de la negociación colectiva como consecuencia de la norma laboral de Fátima Báñez, que ha hecho que reducir la cifra de trabajadores cubiertos por convenios colectivos de 10,6 millones en 2011 a 6,4 millones en la actualidad.

Por ello, ha defendido la iniciativa para igualar las condiciones de los trabajadores subcontratados a los de la empresa principal. "Iniciamos la cuenta atrás para devolver la dignidad a miles de trabajadores", ha agregado.

APOYO MAYORITARIO CON PETICIONES

El diputado de Unidos Podemos-En comú-En Marea, Alberto Rodríguez, ha apoyado la iniciativa para frenar los "devastadores efectos" de la subcontratación, que hace que "millones de personas trabajen como mulas, con jornadas más largas y con un sueldo mucho más bajo que sus compañeros".

"Es una aberración, un disparate", ha apostillado Rodríguez, quien sin embargo ha afeado al PSOE que votara en contra de una iniciativa similar presentada por Podemos en Canarias.

Además, ha pedido añadir a la iniciativa tres puntos, para que la representación legal de los trabajadores tenga un acceso al contenido del contrato mercantil entre contratistas y subcontratistas y para que cualquier incumplimiento de la normativa laboral con la plantilla subcontratada tenga como consecuencia la consideración de cesión ilegal de trabajadores.

También ha pedido que se estudie la posibilidad de limitar los contratos temporales y eventuales en las cadenas de subcontratación.

A su vez, el diputado del PDECat, Carles Campuzano, ha respaldado también la iniciativa socialista para igualar condiciones de subcontratados, si bien ha recordado que ya se hizo algo similar en el sector de la construcción y no sabe si fue "útil" para evitar los abusos.

Campuzano considera que más importante que la negociación colectiva es la prevalencia del convenio empresarial sobre el sectorial, y opina que con la medida "no se deroga la reforma laboral".

Igualmente, el diputado de EAJ-PNV, Íñigo Barandiaran, ha apoyado acabar con una de las "patologías más características" del mercado laboral, al tiempo que desde ERC, Salvador i Duch, ha defendido el "principio elemental" de que haya "iguales condiciones a igual trabajo".

El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha apoyado la iniciativa ya que la subcontratación es "especialmente perversa" es el "abuso" de la subcontratación y la proposición de ley incide en la "sana competencia entre empresas", ya que "muchas empresas ganan concursos para subcontratar actividad a precios menores con otros que concursaron y perdieron".

Desde EH Bildu, Oskar Matute, ha denunciado también que la subcontratación genera "precariedad y pobreza" al utilizarse para reducir costes laborales sustituyendo empleo propio por precario, y empeora las condiciones de seguridad, ya que en 2015 un tercio de los trabajadores fallecidos eran subcontratados.

PP Y FORO DEFIENDEN LA "LIBERTAD EMPRESARIAL"

Por el contrario, el diputado del Grupo Popular, Alfonso Candón, ha explicado el rechazo del PP a la modificación del Estatuto de Trabajadores porque anularía la capacidad de organización de la empresa y ha defendido que sean los interlocutores sociales los que trabajen para reforzar las relaciones laborales.

"Se debe seguir avanzando en derechos trabajadores subcontratados siempre y cuando también se concilien derechos de trabajadores y el derecho constitucional a la libertad de empresa", ha sentenciado.

En este sentido, ha defendido que la subcontratación no es una fuente de problemas, sino que permite a la empresa matriz reducir costes de fabricación, acceso a expertos cualificados, abordar transformación del negocio, reducir riesgos, convertir coste fijo en variables y recibir ideas innovadoras.

Además, ha recordado que el ordenamiento laboral vigente ya establece unos mínimos de cumplimiento obligatorio para las condiciones laborales de todos los trabajadores.

"La subcontratación en si misma no es un problema. Si se regula en términos de la proposición de ley corremos riesgo de paralizar modelo de relación laboral que genera ventaja para todos sectores sociales", ha apostillado. "No estamos para jugar con el empleo, hacer demagogia y experimentar con oportunidades de españoles", ha añadido.

En esta línea, el diputado de Foro Asturias, Isidro Manuel Martínez, ha rechazado apoyar la proposición de ley porque causaría un "gravísimo quebranto" en la administración y sesgaría la libertad de organización empresarial recogida como derecho en la Constitución.

Martínez cree que la propuesta afecta a todos los contratos y que se abriría la puerta a que los centros concertados tuviesen que retribuir lo mismo que la Administración a los empleados públicos, a lo que se sumaría que las fundaciones, asociaciones y empresas que prestan servicios nucleares "acabarían siendo subrogadas".

CIUDADANOS SE ABSTIENE AL RECHAZAR "PARCHES"

Por último, el diputado de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha contado durante su intervención su experiencia en una empresa de subcontratación en la que ganaba la mitad que sus compañeros de la empresa matriz y 15 años después el mercado de trabajo "sigue teniendo los mismos problemas".

No obstante, ha rechazado los "parches" de los socialistas, por lo que la formación naranja se abstendrá en la votación de la iniciativa. Ha insistido en la necesidad de una reforma "en profundidad" del modelo de relaciones laborales, y otras medidas como el complemento salarial para jóvenes.

Del Campo ha pedido a la ministra Báñez que constituya una mesa de negociación porque "muchos colectivos no pueden esperar más".