El Congreso debate mañana la ley de Unidos Podemos para evitar que se encadenen becas al acabar la carrera

La iniciativa legislativa pretende aprobar un Estatuto del Becario con el que asegurar "unos mínimos derechos y mínima remuneración", tal y manifestaron los diputados impulsores del texto, Segundo González (Podemos) y Aina Vidal (En Comú), durante la presentación de la proposición de ley el pasado mes de julio.

Ambos denuncian el "fraude laboral" que tiene lugar en las prácticas académicas externas, pues remarcan que en muchas ocasiones sirven para sustituir labores similares a las de un trabajador contratado y carecen del carácter formativo con el que se concibe esta relación.

Para garantizar "la calidad formativa" de estas prácticas quieren que solo puedan desarrollarse en el ámbito universitario y con el control de los propios centros, y evitar así que otros centros de formación puedan proporcionar este tipo de contratos. Así, según subrayan en la iniciativa, las prácticas académicas externas "serán exclusivamente curriculares".

LÍMITES A LAS PRÁCTICAS Y CUOTAS A LAS EMPRESAS

La proposición de ley incluye límites a las prácticas dentro de las titulaciones académicas de las que forman parte --hasta el 10% de los créditos en estudios de Grado y del 25% en los de Posgrado--, y posibilita la realización de las mismas una vez el estudiante haya superado el 50% de los estudios.

Asimismo, establece límites de 5 horas diarias y 25 semanales para la realización de las prácticas académicas en período lectivo --7 horas diarias y 35 semanales en no lectivo-- y un descanso mínimo de 48 horas ininterrumpido a la semana.

También establece cuotas a las empresas, con un máximo de un becario en empresas de hasta 10 trabajadores, dos becarios en las de hasta 30, tres en las de hasta 59, y un porcentaje máximo del 5% de la plantilla en las que superen los 60 trabajadores.

CONTRATOS DE TRABAJO EN PRÁCTICAS TAMBIÉN PARA ESTUDIANTES

En una disposición final, Unidos Podemos también aprovecha en la proposición de ley para extender a los estudiantes el contrato de trabajo en prácticas, recogido en el propio Estatuto de los Trabajadores y que se refiere a relaciones laborales diferentes a las de las prácticas académicas externas.

Si bien el acceso a un contrato de trabajo en prácticas está limitado actualmente a personas que hayan acabado sus estudios, el grupo confederal apuesta por modificar el apartado del Estatuto de los Trabajadores referido al mismo para abrirlo a estudiantes que hayan completado el 50% de su programa académico.