Comisión Europea insta al IVF a retomar la ejecución de la decisión por la que Valencia y Hércules deben devolver ayudas

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, este requerimiento llegan después de que el pasado jueves el presidente del Tribunal General de la Unión Europea comunicara que se desestimaban las demandas de medidas provisionales presentadas por ambos clubes, revocando así los autos en los que se les concedieron medidas cautelarísimas ante la decisión de la Comisión del 4 de julio de 2016.

Como ha declarado el director de la entidad, Manuel Illueca, "tras recibir estos requerimientos, el IVF, en su papel de mero instrumento de ejecución de la sentencia europea, no tiene otra obligación que ejecutar esta decisión de recuperación e instar a los dos clubes afectados al pago".

"La Comisión nos ha requerido para que retomemos el proceso de ejecución del procedimiento de recuperación y, en este contexto, nos vemos obligados a requerir el pago a ambos clubes por expresa indicación de la autoridad europea", ha añadido el director general.

Como ha indicado Illueca, esta misma semana el Instituto Valenciano de Finanzas emitirá una resolución dirigida al Valencia Club de Fútbol SAD y al Hércules Club de Fútbol en la que se les indicarán los importes exactos que deben abonar y el plazo máximo de pago que, con arreglo a la normativa española aplicable a procedimientos de recaudación, será el 20 de mayo.

Calculados los intereses generados hasta ese 20 de mayo, el Valencia CF deberá abonar 23.659.579,82 euros, mientras que el Hércules CF, 7.035.847,14 euros.

POSIBLE ADMISIÓN DE RECURSOS

El proceso únicamente se paralizaría en el caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea admitiera a trámite los recursos que los clubs han anunciado que van a interponer y que, además de aceptarlo, se incluya alguna medida cautelar provisional de suspensión de la sentencia.

El director general del IVF ha reiterado que "este organismo está del lado de los clubes valencianos y así seguirá siendo", porque entienden que son "víctimas de una situación de mala gestión, del mismo modo que lo es el propio Instituto Valenciano de Finanzas".