Ciudadanos lleva al Congreso una ley contra la morosidad con sanciones y un sistema de arbitraje

El régimen sancionador para hacer cumplir los plazos establecidos en la legislación vigente --30 días para acometer un pago por parte de la administración pública y 60 días en el sector privado-- es una reivindicación de esta formación para enfrentar la "impunidad" vigente.

Según datos expuestos por el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, en 2016 el período medio de pago en el sector público alcanzó los 71 días y en el privado 77. "Se ha venido incumpliendo la ley sistemáticamente", ha señalado.

El endurecimiento de la legislación contra la morosidad, régimen sancionador incluido, era uno de los compromisos adquiridos por el PP para conseguir el apoyo de Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, ante la falta de iniciativa, Ciudadanos ya advirtió de que presentarían su propuesta antes de junio en caso de que el Gobierno no presentara la suya.

SANCIONES DE HASTA 820.000 EUROS

La proposición de ley de Ciudadanos, auspiciada por asociaciones de autónomos, pymes y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM), establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, mientras que constituirá infracción muy grave el que dicho plazo legal de pago se exceda en más de sesenta días.

Las primeras tienen establecido multas que oscilan entre los 2.046 euros hasta los 40.985 euros, en función del grado de gravedad, mientras que las multas para las infracciones muy graves pueden alcanzar, en su máximo, entre los 409.891 euros a 819.780 euros.

La graduación de las sanciones variará, según la iniciativa, en función de criterios como que el fin del retraso en el pago responda a una búsqueda de financiación "habitual y recurrente", la existencia de fraude o connivencia entre el infractor y el acreedor, el incumplimiento de advertencias y requerimientos previos, el importe de la operación, la capacidad y solvencia del infractor o que la compañía afectada sea una microempresa o pyme.

Precisamente, tanto las microempresas --figura recogida por la ley en la que se incluirían los autónomos-- como las pymes sancionadas, podrían solicitar una reducción de la totalidad de la sanción impuesta, siempre y cuando justifiquen que ellas mismas son a su vez acreedoras de deudas por un importe total superior a las deudas pendientes de pago por las que han sido castigadas.

La formación naranja delega a las administraciones autonómicas la potestad sancionadora de las infracciones cometidas. Según ha aseverado en rueda prensa Roldán, el régimen sancionador es "flexible" y "permitirá adaptarse a las condiciones de cada empresa" pues, ha asegurado, "no tiene voluntad de recaudar, sino de cumplir la ley".

LAS EMPRESAS DEBERÁN PUBLICAR CUÁNTO TARDAN EN PAGAR

Además del régimen sancionador, principal instrumento previsto por Ciudadanos para combatir la morosidad, la proposición de ley contempla un Sistema Arbitral de Morosidad, cuya organización, gestión y administración y su procedimiento de resolución de conflictos encomiendan desarrollar al Gobierno en el reglamento de la ley.

Asimismo, establecen la obligatoriedad para las empresas de publicar en las memorias de sus cuentas anuales, algo que para las sociedades mercantiles cotizadas también se extiende a su propia página web, y para las no cotizadas que no presenten cuentas anuales abreviadas y sí cuentan con página corporativa en Internet.

Para las administraciones públicas, deberá ser la Intervención General del Estado la que elabore trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la ley para las obligaciones de la Administración General del Estado, en la que se recoja el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo.

Por otra parte, la formación naranja quiere habilitar canales telemáticos con los que cualquier persona, física o jurídica, pueda comunicar incumplimientos en los plazos de pago, y para eso establece la creación de un 'Buzón de Lucha contra la Morosidad', gestionado por la Agencia Tributaria, y un Observatorio Estatal de la Morosidad que pueda también, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, asesorar y evaluar las políticas desarrolladas en esta materia.