Los Cierco requieren a la CE revisar si la liquidación de BPA vulneró la normativa europea

Los hermanos Higini y Ramon Cierco consideran que el proceso se realizó sin respetar las garantías establecidas por la normativa comunitaria al efecto --la directiva de reestructuración y resolución de entidades de crédito--, de obligado cumplimiento en el país andorrano al utilizar el euro como moneda.

En el escrito, presentado en la delegación de la CE en Madrid, alertan de la "pasividad y dejadez" con que, a su juicio, ha actuado el órgano de dirección de la Unión Europea.

Argumentan que la transposición de la directiva que dio lugar a la ley andorrana de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias --herramienta legal en virtud de la cual se está llevando a cabo el proceso de resolución de BPA-- fue "parcial, precipitada e insuficiente".

Entre las anomalías que se advierten en el escrito está el hecho de anunciar en algunos de los artículos de la ley nacional mecanismos de protección de los accionistas de las entidades "que luego no se implementan, no permitiendo ningún tipo de compensación y convirtiendo, por tanto, una supuesta expropiación en un expolio", argumentan.

Critican que, en cambio, la ley, sin que la directiva lo contemple, quita toda responsabilidad a los administradores encargados del proceso de resolución y fija que sólo son los accionistas que ostentan más del 10% del capital social quienes tienen que hacer frente a los cargos que se imponen, "un umbral que la directiva comunitaria en ningún caso contempla".

Según el escrito, esta actuación "supone poner en duda la seriedad del Principado de Andorra a la hora de asumir y cumplir compromisos internacionales", y supone dejar indefensos a los accionistas de BPA, que no han encontrado satisfacción a sus derechos legítimos en las acciones que se han desarrollado hasta la fecha ante las instituciones andorranas, lo que obliga a reclamarla necesariamente a la CE.

"PERJUICIOS MILLONARIOS"

Los Cierco también dejan constancia de los perjuicios millonarios que ha comportado la aplicación de la directiva convertida en una ley nacional "arbitraria e irregular", no sólo a ellos, sino al conjunto de socios del banco, que se vieron privados de sus títulos de propiedad sin poder defenderse.

Así, exigen a la Comisión Europea que asuma su responsabilidad extracontractual por los daños causados al no haber cumplido con su obligación de control y vigilancia.

La reclamación no se cifra, pero se recuerda que la jurisprudencia europea ha reconocido en otros casos el derecho a compensaciones debido a una deficiente transposición de una directiva.