Cepyme advierte de la inseguridad jurídica para las pymes y de la parcialidad de la ley contra la morosidad

No obstante, ha valorado positivamente el consenso político en el Congreso para reforzar la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, según ha informado en un comunicado.

Ciudadanos recabó ayer en el Pleno del Congreso el apoyo de PP, PSOE, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PNV, PDeCAT, UPN y Foro Asturias para admitir a trámite su proposición de ley de lucha contra la morosidad.

Sin embargo, Cepyme considera que únicamente la implantación de nuevas medidas estructurales permitirán una mayor corrección de los niveles de morosidad, ya que ni la bonanza del ciclo económico ni la nueva regulación parecen tener "mayor incidencia".

Así, la confederación también aboga por tomar medidas de carácter fiscal y en el ámbito de educación y formación para contribuir a erradicar la cultura de la morosidad, que "sigue enraizada entre las empresas y las administraciones".

Para Cepyme, "es preciso articular un régimen sancionador proporcionado", que no discrimine a las pymes y que resulte eficaz como instrumento "disuasorio de esta negativa práctica comercial". Por ello, apuesta por implantar medidas que estén ponderadas, pero que sean "firmes y consensuadas" con el conjunto de las pymes de todos los territorios y sectores de actividad implicados.

"Es imprescindible que se penalicen aquellas conductas en las que se produzca un abuso de posición dominante en el mercado y competencia desleal", según Cepyme, que también pide que se tipifiquen como desleales la inobservancia grave de los plazos de pago legal y de los códigos de buenas prácticas voluntariamente asumidos.

AUMENTA LA MOROSIDAD

El periodo medio de pago de las operaciones comerciales aumentó hasta marzo en 81 días, regresando a los niveles registrados en 2016, según datos del Boletín de Morosidad y Financiación Empresarial de Cepyme.

La deuda comercial en retraso de pago aumentó en dos décimas, hasta representar el 71,4% del total del crédito comercial. Además, el coste financiero de la morosidad aumentó hasta los 980 euros, un 8% más respecto al último trimestre de 2016.

Por sectores, el textil y el de la construcción se mantienen un trimestre más como las ramas de actividad con los periodos de pago más elevados, tras efectuarse los pagos en una media de 93,9 y de 93,2 días, respectivamente, más de 30 días por encima del plazo legal.

Casi todas las comunidades autónomas han registrado incrementos en los períodos medios de pago interempresariales. No obstante, los plazos de pago se han reducido hasta los 57 días.

En las administraciones públicas, las corporaciones locales siguen a la cabeza de las administraciones que acumulan un mayor retraso en el pago de sus facturas a los proveedores, mientras que la administración central es la que presenta los menores retrasos de pago del conjunto de administraciones públicas.