La cúpula de Caixa Penedès devolverá 28,6 millones de euros a cambio de menos cárcel

La última fase del juicio, que les ha sentado en el banquillo por un presunto delito societario continuado de administración desleal, ha quedado interrumpida a la espera de que el Grupo BMN (Banco Mare Nostrum) --en el que se integró la caja-- modifique su escrito de conclusiones provisionales. La vista concluirá así mañana con las conclusiones definitivas de las partes.

Según informaron fuentes jurídicas, los acusados están buscando una rebaja de penas con el reconocimiento de los hechos y la devolución de 28,6 millones de euros. Los únicos que llegaron a percibir parte de las sumas que se asignaron fueron Pagès, Abella y los herederos del exdirector de Recursos Humanos, ya fallecido.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled mantendrá previsiblemente la pena de tres años y medio de cárcel para Pagés y tres años de prisión para Troyano, Abella Rodríguez y Caellas al considerar que los cuatro, junto al fallecido exdirector de Recursos Humanos Jaume Jorba, se autoconcedieron 31,6 millones de euros en planes de pensiones y distintas pólizas.

Al inicio de la sesión, el antiguo director general de Caixa Penedès, Manuel Troyano, ha recordado que él no llegó a percibir la póliza de 6,16 millones contratada. En ese momento, el juez central de lo Penal José María Vázquez Honrubia ha intervenido para recordar que una posible aminoración de la pena conllevaría el reconocimiento de los hechos.

Durante las primeras sesiones del juicio, la antigua cúpula de Caixa Penedès ha defendido que sus gratificaciones por jubilación cumplían con la legalidad y que se contemplaban en los contratos de alta dirección que firmaron con la caja.

En perjuicio de la Caja

Sin embargo, la Fiscalía mantiene que todos ellos actuaron desde 2001 "de común acuerdo para vincular fraudulentamente a la caja de ahorros que regían, generando obligaciones económicas para su beneficio particular y en perjuicio de la entidad, actuando de espaldas a los máximos órganos colegiados".

Por ello, reclama que indemnicen conjunta y solidariamente a la caja de ahorros con 12,6 millones correspondientes a las pólizas cobradas por Pagès y Abella, a los que habría que sumar las retribuciones irregulares fijadas desde 2010 y que se determinarán en sentencia. Pide, además a los herederos de Jorba, a los que considera partícipes a título lucrativo, más de 2,5 millones.

Para el fiscal, Pagès diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse una "desproporcionada ganancia patrimonial a costa de la entidad" pensada "para el momento en que pudieran cesar en sus puestos de trabajo". Desde 2001, los exdirectivos "se autoconcedieron" derechos económicos a espaldas de los órganos colegiados de la caja a través de pensiones que no estaban contempladas en sus contratos para cuando abandonaran el banco.

Sumando el plan de pensiones y cuatro pólizas suscritas, Pagès se adjudicó 11.609.708 euros, Abella 5.727.774 euros, Troyano 6.164.999 euros, Jorba 3.311.758 euros y Caellas 4.838.675 euros; en total, 31.652.917 euros.

Crisis bancaria

Anticorrupción asegura que, en 2009, la "placidez derivada del colchón económico que los acusados se habían autoconcedido se vio perturbada por la crisis económica" y el proceso de reestructuración del sistema financiero español, que dio lugar a restricciones normativas y al endurecimiento de los controles administrativos.

En el caso de Caixa Penedès, a esto se unió que en 2010 la entidad se fusionó a Caja Granada, Caja Murcia y 'Sa Nostra' Caja de Baleares, lo que dio lugar al Banco Mare Nostrum (BMN) que recibió ayudas por un importe 915 millones de euros del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Ante el riesgo de perder los beneficios económicos que se habían adjudicado, "los acusados reaccionaron apresuradamente" y buscaron una cobertura formal con la que justificar sus derechos económicos, incurriendo en nuevas actuaciones abusivas. Así, reunieron a la Comisión de Retribuciones y a la Comisión Ejecutiva, "controladas de hecho por los acusados Pagès y Caellas", y formalizaron la modificación de los contratos de trabajo para blindar sus privilegios.