COAG alerta sobre la "escasa" aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria en el sector hortofrutícola

COAG ha alertado este miércoles sobre la "escasa" aplicación de la Ley de Cadena Alimentaria en el sector hortofrutícola, el bajo nivel de contratos en las operaciones de compra-venta y el elevado grado de desconocimiento por parte de los agricultores respecto a los beneficios que puede reportarles la norma.

Varios miembros de la sectorial de frutas y hortalizas de la organización agraria mantuvieron ayer una reunión bilateral con los máximos responsables de la Agencia para la Información y Control Alimentarios (AICA) para compartir y analizar la problemática actual de la aplicación de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria en el sector hortofrutícola.

Los representantes de COAG han valorado positivamente la ley y la labor de AICA, pero han señalado que aún queda mucho camino por recorrer para su correcta aplicación y han solicitado un mayor esfuerzo en este sentido en el sector de frutas y hortalizas.

"Existe aún un bajo nivel de contratación y un elevado grado de desconocimiento por parte de los productores respecto a los beneficios que puede reportarles a la ley", ha señalado la organización.

En este sentido, los representantes de COAG han trasladado las problemáticas concretas que afectan a las alhóndigas, a determinadas Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH) que, en la práctica no deberían quedar eximidas de la contratación obligatoria, al comercio mayorista o los plazos de pago, al tiempo que se ha hecho especial hincapié en el contenido de los contratos y en la falta de opacidad de algunas cláusulas y descuentos no objetivos que afectan al precio.

AICA, por su parte, ha trasladado que va a realizar un Plan de Control específico para comprobar la formalización de los contratos que contará con más de un millar de inspecciones. La finalidad de esta nueva campaña de inspección es verificar que todas las transacciones comerciales que superen los 2.500 euros queden recogidas por escrito en un contrato alimentario como establece la Ley de la Cadena.