La CNMC lleva al Supremo el Real Decreto que da a Energía funciones que eran del organismo

Este paso, que judicializa así el enfrentamiento abierto entre el organismo presidido por José María Marín Quemada y el gabinete dirigido por Álvaro Nadal, se produce después de que el Ministerio de Energía respondiera con una negativa al requerimiento de la CNMC para que se retractara de la decisión de arrebatarle estas funciones.

Con esta decisión de acudir al Supremo, ante el que el organismo recurre apartados de los artículos 3.1 y 4.1 de la normativa, la CNMC considera que se alinea con los preceptos de la Comisión Europea, que defiende conceder mayores competencias a los organismos supervisores independientes, en lugar de que estén en manos de los propios gobiernos.

El Real Decreto 903/2017, aprobado el pasado mes de octubre, desarrolla adaptaciones en la estructura orgánica del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que contemplan que el Ministerio pase a asumir funciones que hasta la fecha correspondían a la CNMC.

Entre esas funciones que pasa a desempeñar el Ministerio se encuentran las inspecciones y las liquidaciones, así como la supervisión del sector de hidrocarburos líquidos, el sistema de certificados de biocombustibles y el control de operaciones.

En concreto, en el fondo de esta pugna por estas competencias entre la CNMC y el Ministerio de Energía se encuentra la determinación de la cuantía y el reparto de los peajes eléctricos.

En septiembre de 2016, Bruselas ya abrió un procedimiento sancionador al Reino de España, todavía sin cerrar, por las competencias en esta materia.

Como solución, el Gobierno ha planteado a Bruselas un modelo análogo ya en otros países europeos, como en Francia, por el que la CNMC sería quien fijara los peajes, aunque siguiendo las orientaciones de política energética del Gobierno.

Los peajes de acceso a las redes, los costes regulados para sufragar las inversiones en redes, suponen unos 7.000 millones de euros del total de los 19.000 millones de euros que representan los costes regulados del sistema eléctrico.

EL GOBIERNO NO VE "RIESGO DE MULTA" POR BRUSELAS.

A este respecto, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, señaló esta semana que no veía un "riesgo de multa" por parte de la Comisión Europea por este conflicto con la CNMC, ya que consideraba que la propuesta presentada por España, por la que el regulador los fijará aunque bajo su orientación, está siendo valorada por Bruselas.

En comparecencia en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, Navia indicó que se están trabajando con Bruselas "con textos concretos" al respecto y que existe con la Comisión Europea un "diálogo constructivo".

Así, subrayó que España siempre ha defendido que la transposición de la directiva europea sobre esta materia que se llevó a cabo "era correcta", aunque consideró que actualmente existe "una discusión a nivel europeo" respecto a si la competencia debe estar en manos de los reguladores independientes, lo que ha llevado a este cambio de posición para adaptarse a la normativa vigente y a la futura.

Esta es la segunda vez que la CNMC recurre contra el Gobierno, tras el recurso presentado por el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROT) para que eliminara las restricciones en materia de transporte de pasajeros en vehículos de alquiler con conductor (VTC), según informó el diario 'El País'.