La CECJ subraya la importancia de conocer el origen de los productos por el Día del Consumidor, que se celebra mañana

Para la CECJ, de esta manera no sólo garantizan la transparencia y la trazabilidad sino que además tendrán la información necesaria para optar por alternativas sostenibles y que garanticen los derechos laborales y humanos de quienes los realizan.

El Comercio Justo se basa en criterios como asegurar unas condiciones de trabajo dignas y seguras, el pago de un salario adecuado, el mismo para ellos y ellas ante las mismas tareas, la no explotación laboral infantil y la producción a través de técnicas y procedimientos respetuosos con el entorno natural.

Constituye toda una red de comercio alternativo a nivel internacional presente en más de 70 países, y tuvo su origen en los años 60. Actualmente cuenta con 2,5 millones de productores y productoras, 500 organizaciones importadoras y más 4.000 tiendas especializadas en Europa, además de instituciones internacionales que avalan el cumplimiento de los 10 principios del Comercio Justo.

Mientras, FACUA ha indicado que saldrá a la calle en 19 ciudades en el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores con el fin de reclamar a las autoridades estatales y autonómicas "una mayor contundencia ante los cada vez más frecuentes fraudes masivos", como las cláusulas suelo y otros asuntos relacionados con las hipotecas.

La asociación considera "escandalosa la falta de acción de las autoridades competentes ante los gravísimos fraudes vividos en el último año" ante "la fingida preocupación por la protección de los consumidores" por lo que exige más controles y sanciones disuasorias.

Desde ASGECO Confederación se ha hecho un llamamiento para aprovechar las potencialidades del ciberespacio sin necesidad de correr riesgos innecesarios (#MejorMundoDigital) y alertan a los consumidores del aumento de la exposición de sus datos personales y su actividad ante terceros desconocidos.

Por ello, pide a los consumidores conocer la información que comparten y reclama a las empresas e intermediarios tecnológicos garantizar la idoneidad, realidad y seguridad de sus servicios en línea, además de mejorar la protección de los menores ante el ciberacoso y asignar recursos para paliar la brecha digital que sufren aún muchos colectivos vulnerables en España.