CC.OO. rechaza el anuncio de laudo por parte del Gobierno porque atenta contra el derecho de huelga

La organización explicó que el nombramiento de un árbitro para resolver mediante un laudo obligatorio esta confrontación representa una "respuesta autoritaria del Gobierno" que ataca al ejercicio de derechos como el de huelga y de negociación colectiva.

Para el sindicato, esta medida, junto con la determinación de servicios mínimos "claramente abusivos" y la utilización de la Guardia Civil, supone una "conculcación de los derechos fundamentales" y señaló que el problema de fondo es la utilización de la subcontratación de actividades como fórmula de precarización de las condiciones de trabajo.

"Las Administraciones Públicas se han puesto a la cabeza de esa dinámica. Esta forma de externalizar actividades para disminuir costes, y por tanto salarios, es especialmente perversa cuando nos referimos a servicios especialmente delicados, como son los que tienen que ver con la seguridad aérea", añadió la organización sindical.

Además, recordó que a esta situación hay que añadir las consecuencias de la reforma laboral que, desde que se pusiera en marcha, permite suscribir convenios de empresa que "empeoren" las condiciones salariales de los del sector. Algo que, según CC.OO., ha sucedido en el servicio de seguridad de las líneas del aeropuerto de Barcelona-El Prat.

"Este modelo laboral 'low cost' va a seguir provocando caídas de los salarios y crecientes movilizaciones que podrán afectar a este o a otros sectores", apuntó, al tiempo que hizo un llamamiento para que se aborde de forma integral la precarización del empleo y los salarios en el sector de la seguridad y en otros.

Además, reclamó que se reviertan los procesos de externalización de actividades que el propio Gobierno "ahora" considera de interés general para justificar los servicios mínimos o la intervención de la propia Guardia Civil.

Igualmente, pidió la derogación del artículo 84.2 del Estatuto de los Trabajadores, que desde la Reforma Laboral del año 2012 contempla que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior en materias como los salarios.