CCOO denuncia la exclusión de patronal y sindicatos del control de la formación y se ampara en la ley

El sindicato ha señalado que la ley 30/2015 de Formación Profesional para el Empleo y las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional consagran la participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema de formación.

Además, ha declarado que su salida es "una decisión arbitraria del Gobierno en funciones" que supondría "una bofetada al amplio consenso parlamentario que concitó la ley" y que "entorpecería el diálogo social".

Por su parte, el Ministerio de Empleo ha argumentado que la exclusión de los interlocutores sociales en el órgano colegiado que informan las subvenciones de formación es para "evitar conflictos de intereses" y se ampara en un informe del Tribunal de Cuentas del año 2010, mientras que CCOO considera que los únicos beneficiarios de las ayudas para impartir cursos son los centros y entidades de formación, por lo que no se produce dicho conflicto.

En 2014, la Audiencia Nacional señaló que la participación de los sindicatos más representativos en el órgano colegiado "no atentaba contra la libertad sindical ni implicaba que la gestión de las subvenciones se realizara con falta de transparencia, objetividad y neutralidad" y "se respetaba el esquema procedimental previsto en el artículo 24 de la Ley General de Subvenciones".

Ese mismo año, el Tribunal Constitucional avaló la legislación que regula la participación de los agentes sociales más representativos y declaró "la plena constitucionalidad de la estructura organizativa y de participación del Subsistema de Formación para el Empleo".

Ambas sentencias han promovido que el sindicato piense que "el problema es político" y que al Gobierno "le molesta" su presencia, a la vez que defienden su "actuación intachable" en dicho órgano.

El adjunto a la Secretaría Confederal de Formación de CCOO, Francisco Moreno, ha explicado que, en ocasiones, la concesión de ayudas "se ha amoldado peligrosamente a los intereses de las grandes empresas de formación privada o ha favorecido a centros vinculados a determinadas congregaciones religiosas", por lo que la presencia de los agentes sociales en el órgano colegiado "solo puede aumentar la calidad de las decisiones y aportar transparencia al sistema".

SU ACTUACIÓN EN EL ÓRGANO

En concreto, CCOO ha recordado que votó en contra de la distribución de fondos entre las organizaciones de autónomos por considerar que no se estaba actuando de acuerdo con la legislación vigente, por lo que actualmente se encuentra imputado un ex director de Economía Social y Autónomos.

También votó en contra de subvencionar en 2013 con 5 millones de euros a la trama de empresas del ex consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda Avilés, en las que dos años después la Inspección de Trabajo encontró irregularidades y supuesto fraude.

De igual manera, el sindicato denunció fraude de ley, abuso de derecho y la concentración de subvenciones en pocos beneficiarios en la Convocatoria Estatal de Formación de Jóvenes 2015.