Bruselas quiere reforzar su papel para supervisar fusiones de empresas farmacéuticas y de servicios digitales

Bruselas ha explicado en un comunicado que las reglas actuales establecen que las transacciones deben ser controladas por el Ejecutivo comunitario sólo si las empresas involucradas tienen una dimensión determinada, definida por una cantidad determinada de ingresos.

Así, la Comisión ha señalado que este criterio basado en el volumen de negocios levanta algunas reservas sobre la efectividad de la normativa comunitaria y en las últimas fechas se ha planteado la posibilidad de introducir otros requisitos alternativos para incluir en su círculo de acción las transacciones de algunos sectores que en la actualidad se escapan del mismo, como en el de las farmacéuticas o las compañías de servicios digitales.

En concreto, Bruselas apunta que las adquisiciones de compañías del sector de los servicios digitales que no cumplen con el requisito mínimo del volumen de negocios pero que tienen un "alto potencial de mercado" que puede influir en los precios no deben ser notificadas.

En relación a la industria farmacéutica, el Ejecutivo comunitario ha destacado que pueden darse casos similares cuando actores de mercado ya establecidos adquieren otras empresas de biotecnología que trabajan productos en desarrollo que todavía no están en el mercado y que, por tanto, no generan una gran cantidad de beneficios.

De esta forma, la consulta pública que Bruselas ha puesto en marcha, y que permanecerá abierta hasta el 13 de enero del próximo año, busca opiniones sobre la posibilidad de cubrir esta "brecha" en la legislación en algunas operaciones transfronterizas que pueden tener un impacto potencial en la competencia del mercado único o en una parte "sustancial del mismo".

La consulta pública, no obstante, también pregunta por el tratamiento en la normativa actual de aquellos casos que tradicionalmente no suponen peligros a la competencia, con vistas a simplificar aún más el procedimiento de supervisión, y sobre el mecanismo de remisión entre socios comunitarios y la Comisión Europea.