Bruselas propone normas para facilitar el traslado, las fusiones y las divisiones de empresas

En concreto, la propuesta del Ejecutivo comunitario, que todavía debe ser negociada y aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, establecerá procedimientos comunes para que una compañía pueda trasladar su sede de un país a otro de la UE, así como para fusionarse o para dividirse en dos o más entidades.

Bruselas ha explicado además que estas nuevas reglas incluirán "medidas específicas" para ayudar a las autoridades nacionales a combatir los abusos. Por ejemplo, incluyen acciones de salvaguardia para evitar que los traslados, las fusiones o las divisiones sirvan para sortear obligaciones fiscales.

"Si esto sucediese, la operación será detenida por el Estado miembro de salida incluso antes de que el traslado tenga lugar", ha explicado la Comisión Europea en un comunicado.

Bruselas ha presentado estas normas porque considera que las legislaciones nacionales vigentes son muy diferentes entre ellas o incluso ponen "obstáculos administrativos excesivos", algo que impide a las empresas buscar nuevas oportunidades. Según sus cálculos, las empresas europeas se ahorrará entre 12.000 y 19.000 euros por operación y hasta 280 millones en cinco años con las nuevas reglas.

"Las compañías tienen libertad de movimientos y de crecimiento, pero tiene que ocurrir de manera justa. Con la propuesta de hoy proponemos procedimientos claros con fuertes salvaguardas para proteger los derechos de los empleados y, por primera vez, evitar acuerdos artificiales que persiguen evitar el pago de impuestos y otros abusos", ha señalado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans.

El documento de Bruselas también incluye disposiciones para para crear empresas o abrir sucursales por Internet, algo que actualmente sólo se puede hacer en 17 Estados miembros.

La Comisión Europea calcula que estas reglas reducirán a la mitad el tiempo necesario para registrar 'online' una compañía. Además, estima que puede ser hasta 3 veces más barato y que el ahorro total para las firmas europeas pueden ser de entre 42 y 84 millones al año.

Con el objetivo de prevenir casos de fraude, las autoridades nacionales pueden exigir la presencia física de los propietarios de estas empresas y requerir la participación de profesionales como notarios el proceso.