Bruselas envía pliegue de cargos complementario a Visa por comisiones de intercambio interregional

El Ejecutivo comunitario asegura que el hecho de que el aumento del coste por estas comisiones no se traslada directamente al usuario de la tarjeta sino que se reparte entre todas las transacciones de los consumidores en las diferentes tiendas podría "potencialmente" elevar el precio de productos y servicios.

El pliegue de cargos suplementario enviado a Visa Inc y Visa Internacional, que sigue al aprobado contra Visa en 2012, cubre las comisiones de intercambio interregional, que se cobran por compras realizadas en el Área Económica Europa pero con tarjetas emitidas fuera de la misma, que comprende a los Veintiocho países de la UE, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Es decir, que las pagan sobre todo turistas y viajeros.

"Las comisiones interregionales representan una parte importante del total de comisiones de Visa", ha alertado el Ejecutivo comunitario.

El Ejecutivo comunitario ha seguido adelante con su investigación sobre las comisiones de Visa Inc y Visa Internacional porque "no ofrecieron compromisos en 2014" a diferencia de Visa Europa, cuyos compromisos avaló el Ejecutivo comunitario en febrero de ese año y cerró el proceso en su caso.

El pliegue de cargos suplementario remitido a Visa no sólo cubre las comisiones interregionales aplicadas a las transacciones con tarjetas de débito --y no sólo las de crédito como hasta ahora-- sino que tiene en cuenta el hecho de que Visa Europa se convirtió en junio de 2016 en una filial de Visa Inc y, por lo tanto, dejó de existir como entidad separada. También se centra en prácticas que no fueron tenidas en cuenta en el marco de los compromisos que ofreció Visa Europa en el 2014 para cerrar su caso.

El envío de un pliego de cargos ni uno complementario "no prejuzga el resultado final de la investigación". "La Comisión tomará una decisión final sólo después de que las partes hayan ejercido su derecho a la defensa", han explicado fuentes del Ejecutivo comunitario.

El Ejecutivo comunitario no tiene un plazo límite vinculante para concluir su investigación sobre presuntas prácticas contrarias a la competencia, algo que depende en función de factores como la complejidad del caso y la cooperación de las partes.