Bruselas pide a España recuperar 140 millones en ayudas ilegales a ADIF para centro de ensayos del AVE

"El proyecto no se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales, ya que no responde a un auténtico objetivo de interés común", ha concluido el Ejecutivo comunitario tras la investigación.

El Ejecutivo comunitario ha considerado que el proyecto no era viable porque se esperaba que el centro generase pérdidas durante todo su periodo de funcionamiento y ha recordado que "ningún inversor privado" manifestó interés por financiarlo, a pesar de las ayudas públicas.

En este contexto, Bruselas ha concluido que el proyecto sólo tendría efectos "escasos" a corto plazo creando empleos temporales en el sector de la construcción el tiempo que duraran las obras de la infraestructura y, además, el coste público era desproporcionadamente alto, sin que se hubieran demostrado sus ventajas para compensar su coste y pérdidas de explotación, falseando la competencia.

Además, Bruselas sostiene que "no parece existir ningún interés en el mercado por desarrollar productos que funcionen a esas altas velocidades" de hasta 520 kilómetros por hora, "ya que no serían comercialmente viables" y por tanto "a falta de demanda de tales servicios específicos, el uso de las instalaciones del CEATF se limitaría, en la práctica, al ensayo de trenes y equipos hasta las velocidades comercialmente viables de 320 a 350 km/h, para las que ya existen centros de ensayo en la UE", luego "el CEAFT no haría sino duplicar esas infraestructuras existentes".

Por todo ello, ha concluido que la ayuda pública es "incompatible" con la norma europea y ha reclamado a España recuperar los fondos ya abonados a ADIF, unos 140,7 millones de euros a partir de 2011 del total de 358,6 millones de euros previstos para su construcción.

El Ejecutivo comunitario evaluó inicialmente el proyecto, que España solo le notificó en septiembre de 2013, a la luz de las normas sobre ayudas públicas de investigación e innovación, aunque tras constatar que se desembolsaron ayudas desde 2011 lo analizó a la luz de las normas que autorizan a dar ayudas para facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas cuando no afectan a la competencia.