Balfegó denuncia que flota canaria oculta que pesca 10.000 toneladas de túnidos en reclamación de mayor cuota

En concreto y en contestación a las declaraciones hechas públicas por la Federación de Cofradías de Canarias, que acusan a Balfegó de practicar una pesca industrial que ha puesto a esta especie al borde del abismo, la compañía lamenta tal percepción y demuestra "el profundo desconocimiento de esta pesquería, de los organismos internacionales que la regulan y de los actores, entre ellos nosotros, que han contribuido a desarrollar una pesca sostenible que ha conseguido la recuperación de la especie".

El director general de Grup Balfegó, Juan Serrano, ha señalado que este tipo de "afirmaciones populistas, evidencia el nulo interés de la flota canaria por contribuir a la recuperación de la especie durante los últimos años y, por ende, a asumir los costes de reestructuración que han tenido que asumir otras flotas". "Además no es el arte el que destruye un recurso, sino la irresponsabilidad de quien lo maneja", ha indicado.

Respecto a la seguridad jurídica que reclama Balfegó, y que la flota canaria tilda en su comunicado como "privilegios", la empresa catalana "confía en que el Gobierno y el Ministerio sí sea consciente de este derecho, no lo supedite a la negociación política y analice objetivamente la vacuidad de la solicitud canaria hacia una pesquería que jamás pudo demostrar, más allá de lo que ya se ha tenido en cuenta en el reparto vigente".

"El reparto efectuado en el atún rojo se ha efectuado con el mismo rigor y bajo los mismos criterios que otras muchas especies pesqueras (bacalao, merluza, pez espada en el Atlántico), y su modificación supondría una grave irregularidad y una actuación al margen de la legalidad", ha dicho Serrano.

En este sentido, Grup Balfegó solicita al Ejecutivo que se garantice la seguridad jurídica y los derechos de pesca reconocidos en 2008, cuando se fijó el actual sistema de reparto para hacer frente al plan de recuperación de ICCAT.

A este respecto, la compañía apunta que la cuota de atún rojo que Europa concedió a España se basó en la documentación aportada por las flotas que pudieron legitimar las capturas históricas de esta especie y que este proceso fue transparente y consensuado, y de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Pesca para estos casos.