Asesores fiscales ven una "cuestión política" en la sentencia sobre la amnistía fiscal y creen que no tendrá

El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF-REGAF) del Consejo General de Economistas (CGE) ve una cuestión "más política que jurídica" la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal del año 2012 y cree que "no va a tener recorrido" en las regularizaciones ya realizadas, si bien ven la sentencia como un "aviso a navegantes" que hará que no se produzcan más procesos de regularización en "mucho tiempo".

Así lo han señalado los miembros del CGE durante la presentación de dos informes sobre fraude fiscal y la declaración del impuesto de Sociedades, en la que el presidente del CGE, Valentín Pich, ha recordado que la amnistía se aprobó en un momento de "gran tensión" porque los ingresos públicos se habían desplomado un 30% y se corría el riesgo de ser intervenido.

Por ello, los economistas vieron "positivo" la decisión de aprobar la amnistía fiscal e incluso criticaron que se tendría que haber extendido a todos los impuestos, ha apuntado Pich, quien ha recordado también que la OCDE recomendó la realización de regularizaciones dado que se habían alcanzado acuerdos de intercambio de información.

Pich considera que la sentencia tiene "demasiadas hojas de valoración ética o moral", con una conclusión que apunta que el instrumento legal utilizado para su aprobación (real decreto ley) no era el conveniente, si bien "hay una deriva práctica que es que prácticamente no va a tener recorrido la sentencia".

Además, ha destacado que la combinación de la regularización más las declaraciones de bienes situados en el extranjero ha propiciado que en las comunidades autónomas donde existe el Impuesto de Patrimonio haya crecido de manera "fenomenal" su recaudación para las cuentas públicas, mientras que las personas que no se acogieron a la regularización o no declararon estos bienes en el extranjero "están durmiendo muy mal".

En esta línea, ha advertido de que España tiene un "problema muy grave" al vivir "por encima de nuestras posibilidades colectivamente", ante el déficit público y la deuda pública que alcanza el 100%, por lo que "hay que valorar que todo lo que tenga ingresos y regularizar nos interesa muchísimo para reducirlo".

REGULARIZACIONES FUERA DE PLAZO.

A su vez, el exsubdirector de impuestos sobre las personas jurídicas y economista Jesús Quintas ve en la sentencia del TC una cuestión "más política que jurídica", y ha recordado que hay "numerosos antedecentes" sobre regularizaciones que el Alto Tribunal no consideró inconstitucional, por lo que ve una "cierta contradicción".

En cuanto al límite del 10% que estableció la regularización aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, Quintas opina que el límite es una cuestión de "debate social y político", y ha abogado por permitir las regularizaciones que se hayan pasado de plazo incluyendo alguna sanci**on.

"No se trata de regalar las cosas, sino de no hacer tan oneroso ese conjunto de efectos secundarios. Decimos que tiene que estar proporcionado", ha enfatizado.

El inspector de Hacienda y exdirector general de Tributos Jesús Gascón ha explicado que ve tres posibles situaciones derivadas de la sentencia del TC sobre la amnistía fiscal.

Una primera es la referida al contribuyente que en su día regularizó y ahora no ha recibido ninguna noticia de la Administracioón Tributaria, para quien su regulación es "completa" en ese caso.

La segunda se refiere al caso del contribuyente que regularizara y la Administración Tributaria concluye que es una regularización incompleta, con una fuente de información de la AEAT distinta de la que motivó la amnistía fiscal, por lo que no habría problema de que quede "contaminada" por el hecho de que la amnistía sea inconstitucional.

"En esa regularización que puede practicar la Administración no se discute en absoluto lo que él declaró, que regularizo esta parte y otra no, la parte pendiente de regularización es normal y corriente, como la de Sociedades, IRPF o del impuesto de renta de no residentes ,es como cualquier otra actuación tributaria de las normales", ha detallado.

Por último, Gascón ha indicado que en el modelo de regularización del contribuyente que presenta el modelo 720 si hay un problema de que descuadren los datos puede ser que la AEAT solo haya actuado en ese aspecto, por lo que estaría el procedimiento abierto en relación con una regularización a realizar por el contribuyente hecha con una norma inconstitucional, si bien ha dicho tener "dudas" de que exista algún caso.