(Ampl.) Los perjudicados de Abengoa piden 46 millones de fianza cautelar para Fornieles y dos consejeras

En concreto, esta plataforma de afectados, que representa a 120 inversores, solicita la imposición de esta fianza para el actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, y para las consejeras de la empresa Mercedes Gracia Díez y Alicia Velarde Valiente, según el escrito remitido al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press.

La acusación considera que estos directivos son responsables de la aprobación de forma contraria a la Ley de Sociedades de Capital de las indemnizaciones a Benjumea durante la reunión del consejo de administración de Abengoa del 23 de septiembre de 2015.

La medida cautelar solicitada tiene como objetivo asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas del caso, que los denunciantes cifran en 15,6 millones para cada uno de los investigados, de modo que la cifra total alcanza los 46 millones.

En el momento de la aprobación de la indemnización a Benjumea, Gracia Díez era la presidenta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del consejo de administración de Abengoa, en la que Velarde Valiente y Fornieles ejercían de vocales. Fue en este órgano en el que se acordó la indemnización al expresidente de la empresa.

La acusación considera que los tres investigados, en el ejercicio de su labor en la Comisión de Nombramientos, "desatendieron a favor de Felipe Benjumea Llorente las obligaciones que les impone la Ley de Sociedades de Capital".

La plataforma recoge los testimonios ofrecidos ante el juez por los investigados, según los cuales, y en contra de lo que sostienen el Banco Santander y los inversores afectados, la salida de Benjumea fue fruto de una "exigencia" de este banco para acordar una ampliación de capital por 650 millones y una línea de crédito por otros 165 millones.

La plataforma de afectados por Abengoa da por demostrado que esta hipótesis, la de que el Santander exigiera la cabeza de Benjumea, es falsa. El escrito de la acusación recoge varias actas del consejo de administración de la empresa en las que, sin mencionarse al banco, se alude a retrasos motivados por peticiones de otras entidades diferentes.

Aquella ampliación de capital iba a recibir garantía de los bancos acreedores. Los investigados sostuvieron ante el juez que había una "exigencia" del Santander que fue trasladada al consejo de administración y que provocó que la otra entidad bancaria dispuesta a garantizar la ampliación de capital, HSBC, se planteara su participación en la operación.

Esta divergencia de pareceres hizo que HSBC tuviera que revisar su decisión, lo que se produjo en "una semana frenética de trabajo, con reuniones del consejo de administración a diario, con el único objeto de negociar y salvar este escollo".

La situación "se solucionó" en el consejo celebrado el 23 de septiembre, en la que se acordó la salida de Benjumea y se despejó el camino para que Abengoa firmara con los bancos tanto las garantías para la ampliación de capital como para la obtención del crédito.

Ese mismo día, en un receso del consejo de administración, y con el "el único fundamento" de un informe del despacho DLA Piper, los miembros de la comisión de Nombramientos propusieron una indemnización a Benjumea por 11,5 millones.

"SITUACIÓN ASFIXIANTE".

Frente a las afirmaciones de los investigados acerca de la supuesta exigencia del Santander, la plataforma destaca dos aspectos, el primero de ellos que la situación de tesorería de Abengoa era "asfixiante", ya que la empresa "carecía totalmente de liquidez para hacer frente al pago de sus obligaciones corrientes".

El segundo de los aspectos señala que, "en contra de la historia que hasta el momento ha sido narrada en el sentido de señalar al Banco Santander como impulsor y causante de la salida de Felipe Benjumea a cambio de garantizar la ampliación de capital", en las actas del consejo de administración se aprecian "los múltiples problemas a los que Abengoa debía hacer frente con el objeto de que los bancos le concedieran" las garantías.

"Todo hace presuponer que Felipe Benjumea Llorente fue quien dejó voluntariamente sus cargos de presidente ejecutivo, presidente del consejo de administración y consejero de Abengoa y que por ello percibió una cantidad millonaria, cuando la situación de liquidez de la compañía era crítica", añade la plataforma.