(Ampl.) CCOO y UGT proponen al Gobierno encarecer los contratos temporales y endurecer las sanciones al fraude

Así se lo han trasladado ambas organizaciones sindicales en un documento que han entregado al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, en la mesa de diálogo social sobre calidad en el empleo, que se ha reunido este miércoles.

El objetivo de estas propuestas es el de combatir la precariedad y la elevada temporalidad, que son problemas reales que tiene el mercado de trabajo. Con estas medidas, los sindicatos proponen que se clarifique "mucho más" en norma legal qué debe ser considerado y qué no empleo temporal susceptible de utilización de contratos temporales, y que se insista en que la estacionalidad solo sea cubierta con contratos fijos discontinuos.

Las organizaciones sindicales también han instado al Gobierno a que se deben dejar claras las causas que se consideren válidas para la contratación temporal, estableciendo que todo contrato temporal ajeno a las mismas será objeto de las medidas de penalización y sanción por contratación temporal fraudulenta.

En concreto, creen que el periodo de vigencia de la modalidad de contratación temporal debe corresponder con el de las necesidades temporales a cubrir, con los pertinentes ajustes que impidan prolongar en el tiempo la contratación temporal, y defienden que carece de sentido que haya una indemnización creciente en el tiempo.

Tanto la organización liderada por Unai Sordo como la que representa Pepe Álvarez dejan claro en el documento que han presentado al Gobierno que la estacionalidad no es temporalidad y que la normativa debería rechazar la estacionalidad por sí misma como causa de los contratos temporales y especificar que solo podrá ser cubierta con contratos fijos discontinuos.

También han sugerido que se establezca una indemnización por fraude que incentive las demandas de los trabajadores y que supere el coste para la empresa del despido improcedente en los contratos indefinidos, así como incrementar las sanciones administrativas sustancialmente por encima de la cuantía actual (600 euros) y aplicarla a cada uno de los contratos en fraude.

Los sindicatos consideran que deberían incrementarse las sanciones, porque en la actualidad se ha creado un sistema que "alienta el fraude y el incumplimiento de la legislación". "La sanción judicial en caso de fraude en un contrato temporal equivale solamente a las mismas consecuencias que si se hubiera realizado un contrato indefinido, por lo que el incumplimiento no está penalizado".

REFORZAR LA INSPECCIÓN

Además, han pedido que las sanciones administrativas se articulen de forma que la sentencia judicial que declara el fraude active el expediente administrativo sancionador y que se refuerce el papel de la Inspección de trabajo y de Seguridad Social, incrementando el número de inspectores, suprimiendo la condonación a las empresas de este tipo de sanciones y habilitando la percepción por productividad de los inspectores en la detección por este tipo de fraudes.

Según CC.OO. y UGT, habría que incrementar de forma significativa la cotización a la Seguridad Social de los contratos temporales de corta duración y establecer consecuencias jurídicas "efectivas" que garanticen la eficacia de la limitación del encadenamiento de contratos.

También han planteado que se elimine el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores "por ser un contrato temporal encubierto", así como el contrato de primer empleo joven, que "es un contrato temporal que no responde a la naturaleza temporal del trabajo a realizar", y que se fomente el so del contrato de relevo para rejuvenecer las plantillas como mecanismo "más estable y de mayor calidad para insertar a la población joven".

SOLVENTAR DEFICIENCIAS DE LOS CONTRATOS FORMATIVOS

En el documento entregado al Gobierno, además de las anteriores medidas, también han sugerido que se establezcan criterios en los convenios colectivos que determinen la contratación temporal admisible en la empresa, que se controle también la temporalidad injustificada en el ámbito público, que se limiten y reordenen las bonificaciones a la contratación para que sean eficaces y que se recupere el equilibrio entre los derechos de los trabajadores y empresarios en la contratación a tiempo parcial.

Pese a todo esto, tanto CC.OO. como UGT creen que las "disfunciones y deficiencias" que tienen las actuales modalidades de contratos formativos, "en ningún modo" se solventan unificando las modalidades de formación y los periodos de prácticas en un único contrato. Así, consideran que se debería garantizar la finalidad formativa del contrato para la formación y el aprendizaje, ya que en la actualidad se abusa del mismo.

Otro punto importante para los sindicatos es el de reformar el sistema de prácticas no laborales. Así, optan por establecer un marco claro de derechos para los estudiantes que por su programa formativo estén obligados a realizar prácticas no laborales y legalizar todas las prácticas no laborales extracurriculares a través del contrato laboral en prácticas, ya que, bajo su punto de vista, "es donde se esconde el fraude en la contratación".