(Amp)El fiscal rebaja la pena a exdirectivos que devolvieron el dinero, pero mantiene la de Blesa y Rato

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón mantiene la petición de seis y cuatro años y medio de cárcel para los expresidentes de Caja Madrid, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, por el uso presuntamente realizado con sus tarjetas 'black', si bien modifica la solicitada a 18 de los 65 exaltos directivos de la antigua caja y de Bankia que hicieron uso de los plásticos y que devolvieron lo gastado con sus visas.

En su turno de conclusiones ante el tribunal presidido por la magistrada Ángela Murillo, Luzón ha dicho que no aprecia disminución de delito en el caso de Blesa y Rato --para los que además pide multa de 108.000 euros y 99.054 euros, respectivamente-- dado que en su caso consignan cantidades para evitar el embargo.

El fiscal ha añadido que no todos han tenido el mismo comportamiento y ha diferenciado entre quienes hicieron una devolución efectiva "inmediata" del importe gastado de los que consignaron en el juzgado para evitar ser embargados.

Además, ha matizado que en el caso de Blesa y Rato la reparación fue "tan escasa" en proporción a la responsabilidad que se le atribuye que no puede apreciar la atenuante del daño reparado.

El Ministerio Fiscal sí aplica la rebaja a un total de 18 exaltos cargos y directivos que consignaron en Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) las cantidades cargadas a sus plásticos, como es el caso del número dos de Caja Madrid Ildefonso Sánchez Barcoj.

A este directivo, sin embargo, le sube la pena de prisión de dos a dos años y medio por el gasto que hizo con su 'black' de 575.079 euros, mientras que para José Manuel Fernández Norniella solicita la pena de tres años de cárcel, la misma que pidió en su escrito provisional.

En el caso de Ricardo Romero de Tejada, Ramón Espinar, Alberto Recarte, Jesús Pedroche e Ignacio Navasqües, el fiscal ha decidido reducir la petición de pena de cuatro a dos años y medio de presión. Luis Blasco también integra la lista del fiscal, aunque se mantiene la misma petición de prisión de dos años y medio.

Matías Amat, Luis Gabarda, Miguel Corsini, Arturo Fernández, Juan Emilio Iranzo, Francisco Javier López Madrid, Jorge Rábago, Virgilio Zapatero, Beltrán Gutiérrez y José María Buenaventura Zabala son el resto de encausados a los que Luzón aplica la atenuante.

REBAJA DE INDEMNIZACIÓN

El fiscal ha anunciado además que rebaja la indemnización para los exconsejeros Cándido Cerón Escudero, José María de la Riva, Luis Gabarda y José María Arteta porque, según ha explicado, determinadas operaciones efectuadas presuntamente con sus tarjetas no fueron autorizadas por ellos mismos y, por tanto, entiende que se debe aminorar la cuantía atribuida a estos cuatro acusados.

Mantiene la petición de cuatro años de cárcel y multa de 81.000 euros para José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, Estanislao Rodríguez Ponga, Antonio Romero, José María de la Riva, Rodolfo Benito Valenciano, José María Arteta Vico, Gonzalo Martín, Mercedes Rojo, José Moure, Jorge Gómez Moreno, Juan José Azcona, Gerardo Díaz Ferrán, Pedro Bedia y Darío Fernández Yruegas.

ACUSACIONES Y DEFENSAS

Por su parte, tanto las defensas de Blesa y Rato como las del resto de acusados han elevado a definitivas sus conclusiones provisionales, en las que han solicitado la absolución de sus clientes por entender la inexistencia de delito.

En algunos casos, como el de Rato y el del expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, los abogados han pedido que el relato de hechos concrete de una manera más directa la actuación atribuida a sus clientes.

También han destacado los diferentes abogados la necesidad de que se acredite la reparación del daño que debe serles aplicada por haber devuelto la práctica totalidad del dinero del que dispusieron gracias a las visas que se les asignaron.

Por su parte, Bankia y BFA, que ejercen la acusación particular, excluyen de su informe de conclusiones a Miguel Ángel Araujo Serrano, fallecido en la fase de instrucción de la causa y minoran la cuantía reclamada a cuatro acusados cuyas tarjetas fueron clonadas y por tanto "usadas de forma fraudulenta por terceros", según ha expuesto la representación procesal de Bankia.

Las acusaciones populares --ejercidas por Confederación Intersindical de Crédito (CIC) y Confederación General del Trabajo (CGT)-- han elevado a definitivas la petición de penas para los 65 exaltos cargos y directivos beneficiarios de estos plásticos y según los cuáles, lejos de ser entendidos como para gastos de representación eran un complemento retributivo otorgado por la caja en respuesta a su "esfuerzo y dedicación.

El tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo dirime si los encausados concurrieron en delito continuado de apropiación indebida y administración desleal por los 12,5 millones de euros que gastaron con sus plásticos entre 2003 y 2012 --los anteriores habrían prescrito-- en joyas, viajes, artículos de lujo y objetos personales.