Agricultura propone medidas destinadas a inyectar liquidez para afrontar la próxima campaña de fruta

En concreto, entre las medidas del plan se incluyen las destinadas a mejorar la situación de liquidez del sector, que conllevarán ajustes fiscales, así como una orden de ayudas para el acceso a la financiación, mediante el pago del coste de avales de Saeca.

En un segundo bloque, el Ministerio propone reformas normativas de los reales decretos que regulan el reconocimiento de las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (Real Decreto 532/2017); el contenido de los Programas Operativos de dichas Organizaciones (Real Decreto 533/2017); y las circunscripciones económicas (Real Decreto 547/2013).

Agricultura ha subrayado que el objetivo es poder aprovechar al máximo las herramientas que brinda la Organización Común de Mercados en este sector y que representa en la actualidad una ayuda anual de aproximadamente 42 millones de euros, que podría optimizarse hasta alcanzar los 50 millones de euros.

Estas reformas, junto con el impulso a la creación y el apoyo al trabajo de las asociaciones de organizaciones de productores en la gestión de la oferta, contribuirán a una mejor estructura del sector, especialmente necesaria en un producto de carácter tan perecedero como es la fruta.

Asimismo, el Departamento que lidera García Tejerina ha manifestado su compromiso a facilitar la constitución de una Organización Interprofesional Agroalimentaria, en el caso de una propuesta por parte del sector.

Un tercer bloque de medidas gira en torno a la mejora de la información sobre el sector en materia de superficies y producciones, calendarios de comercialización, variedades, etc., que el Ministerio se compromete a actualizar mediante boletines de campañas, que incluirá también un exhaustivo seguimiento de las cantidades retiradas de producto.

Por último, el plan propuesto también incluye medidas orientadas al control de nuevas plantaciones, al fomento de la producción ecológica, a la mejora de la calidad, la promoción del consumo, la ordenación de las explotaciones, la utilización de contratos homologados o el refuerzo de los controles de la Ley de la Cadena.