Adicae y Facua piden a los bancos que devuelvan de forma "directa" las cláusulas suelo

Las asociaciones realizan estas consideraciones en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la retroactividad total en la devolución de los importes correspondientes a las cláusulas suelo.

En una nota, Adicae considera que la sentencia del tribunal obligará a los bancos a recurrir a la vía extrajudicial y desistir de pleitos en los tribunales.

La asociación considera que la decisión del Supremo "adopta el único camino que era posible", ya que se reconoce "claramente" la devolución de todo el dinero para todos los usuarios, sea cual sea su caso, incluido quien tenga sentencia firme con devolución desde mayo de 2013.

Adicae indica que en esta situación podrían encontrarse aproximadamente un millón de familias si se cuentan a todos los usuarios de BBVA, Cajamar y la actual Abanca "afectados por la errónea y ahora corregida sentencia del Supremo del 9 de mayo de 2013".

"Tras lo dispuesto por el Supremo, ya no hay duda de que los bancos perderán todos los casos en los tribunales", por lo que "la banca debe aceptar la devolución extrajudicial habilitada por el real decreto-ley". "Es lo más conveniente para el sistema judicial, para la propia banca, para los consumidores y para la confianza de los usuarios en el sector financiero", indica.

Por su parte, Facua asegura que, tras la nueva sentencia del Supremo, que cumple las directrices señaladas por el TJUE, los Gobiernos estatal y autonómicos "deben multar a las entidades que no reparen de manera directa el daño ejercido".

La asociación "urge a la banca a devolver sin más dilación las cantidades defraudadas a través de la cláusula suelo" y considera que, ante la nueva sentencia, "no cabe más dilación por parte de la banca, que debe actuar de manera directa y sin retrasar los procesos de devolución ni provocar que los consumidores se vean obligados a acudir a los tribunales a solicitarla".

La asociación exige además a las autoridades competentes que "dejen de proteger los intereses de los bancos y velen por los derechos de los consumidores en cumplimiento de las recientes sentencias".

"Tanto el Gobierno estatal como los autonómicos tienen capacidad sancionadora para comenzar ya a multar a los bancos que se nieguen a devolver el dinero defraudado de manera directa o eternicen los procesos de restitución", señala.