AICA hará una campaña de inspección para comprobar la formalización de contratos en el sector

En concreto, el objetivo de esta campaña es comprobar que todas las transacciones comerciales que superen los 2.500 euros queden recogidas por escrito en un contrato alimentario. Para ello, AICA prevé realizar más de un millar de inspecciones.

Por otra parte, el consejo asesor de la agencia, que se ha reunido este jueves, ha presentado los datos de actividad de AICA durante el primer semestre de 2016.

Así, de enero a junio los inspectores de la agencia han realizado un total de 1.129 inspecciones de oficio, de las que 283 corresponden al control del cumplimiento de la ley de la Cadena Alimentaria y 846 al de las declaraciones realizadas por los operadores del sector oleícola.

En concreto, se han llevado a cabo 109 inspecciones en el sector vitivinícola, 45 en frutas y hortalizas, 79 en aceite de oliva y aceituna de mesa, 48 en el sector lácteo y 2 en carne de pollo.

En este periodo, AICA ha tramitado 34 expedientes con propuesta de sanción. De ellos, 17 han sido por incumplimiento de los plazos de pago, cinco por no tener contratos, 15 por no enviar la documentación requerida y dos por otros motivos, como no contener los contratos los extremos necesarios o por haber sido modificados unilateralmente.

En lo que va de año, ha propuesto 28 sanciones por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria: siete en el sector de frutas y hortalizas, dos en el sector lácteo, 10 en el sector del aceite de oliva y nueve en el sector del vino.

Asimismo, en este tiempo se han recibido 32 denuncias: 17 en el sector lácteo, 7 en frutas, 2 en vino, 3 en aceite de oliva, 2 en aceituna y 1 en carne de pollo. Siete de estas 32 denuncias recibidas se refieren a venta a pérdidas, por lo que han sido trasladadas a las correspondientes comunidades autónomas para su investigación y posible sanción, ya que entra en su ámbito de competencia.

Desde la creación de AICA se han enviado más de 260 comunicaciones a los responsables de Comercio de las comunidades autónomas para que investiguen las presuntas ventas a pérdidas.