Justicia examinará la extradición del escritor turco-sueco pedida por Erdogan y ya decidirá en 40 días

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que este miércoles han recibido la documentación de Turquía que solicita la extradición del escritor turco-sueco Hamza Yalçin, actualmente en prisión provisional en Barcelona, una petición que su departamento tiene 40 días, aproximadamente hasta el 10 de octubre, para estudiar y decidir si continúa con el proceso o lo deniega. De momento no adelanta ninguna opinión.

En su intervención en la Comisión de Justicia en el Congreso, en donde ERC y Unidos Podemos habían reclamado su presencia para hablar sobre esta materia, el ministro ha señalado que la situación de Yalçin, así como la de su colega turco-alemán Dogan Akhali, --también detenido este mes de agosto en España y reclamado por el Ejecutivo de Erdogán-- debe seguir el camino que detalla el Convenio Europeo de Extradición y la Ley de extradición pasiva.

Así, ha indicado que esta normativa determina que, tras la decisión tomada por la justicia, el país que reclama al detenido tiene 40 días para presentar los documentos que argumentan su extradición, y que en el caso del periodista turco-sueco, se han recibido. El mismo periodo tiene después el país en el que se encuentra el reclamado para decidir si accede a esta petición, o no.

Catalá ha apuntado en esta materia no caben "valoraciones sobre los motivos y alegaciones" que, en este caso, da Turquía, sino que sólo se valora si concurren los requisitos formales del convenio europeo, "si la documentación presentada está incompleta o si se presentan aspectos pocos concretos".

CUATRO SUPUESTOS PARA DENEGAR LA EXTRADICIÓN

"En el caso que en la documentación enviada consten todos los elementos exigidos en la normativa, el Ministerio de Justicia analizará si concurren algunas de las causas para denegar la extradición que están previstas en la Ley de extradición pasiva y en el convenio", ha indicado, para añadir que estos supuestos son: la falta de la doble incriminación, la existencia de un delito de carácter militar, la prescripción del delito o el reconocimiento de la situación de asilo del reclamado.

Es el Consejo de Ministros el que valorará finalmente la continuidad del proceso o no. En el primer caso, debe enviar la información final a la Audiencia Nacional para que valore las cuestiones técnicas. En el segundo caso, España enviará la documentación correspondiente a Turquía.

Sin embargo, tanto el portavoz del PSOE en esta materia, Juan Carlos Campo, como su homólogo de Unidos Podemos, Jaume Moya, han recordado al titular de Justicia que esta decisión no puede ser tomada sin que intervengan los gobiernos de Suecia y Alemania, nacionalidades de los dos detenidos. Catalá ha señalado que en este proceso el Ministerio puede recibir la documentación pertinente de ambos países, que también se estudiara.

En cuanto a las razones para denegar la petición de Erdogan, la mayoría de los partidos de la oposición han pedido que se incluya el supuesto de delito político. El diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, ha recordado en su intervención que Turquía ha suspendido el convenio de derechos humanos y que desde otros países de la UE se ha llamado la atención a España en relación al incumplimiento de este país en materia de derechos de libertad de expresión.

Así, la portavoz de ERC en la comisión de Justicia, Ester Capella, ha enumerado los medios de comunicación cerrados en el país europeo desde el último intento de golpe de Estado, en 2016, así como los miles de periodistas detenidos ese mismo año. Del mismo modo, el representante de PNV, Mikel Legarda ha insistido en que la presidenta alemana, Angela Merkel, así como otros líderes europeos, están reprochando al Ejecutivo que no tenga en cuenta estos hechos.

EL CASO DEL TURCO-ALEMÁN ES DISTINTO

Preguntado también por la oposición, Catalá se ha referido a las diferentes situaciones de los dos escritores turcos detenidos este mes en España. Mientras que intelectual con nacionalidad sueca está en prisión, el de pasaporte alemán se encuentra en libertad provisional mientras espera la llegada de la documentación que pide su extradición a Turquía.

Para el ministro, se trata de dos decisiones judiciales distintas por parte de la Audiencia Nacional que, a su juicio, hay que respetar, y en las que "no cabe intervención alguna por parte del Gobierno". Sin embargo, el diputado de En Comú Podem ha señalado que, la misma ley a la que se refiere el ministro señala que si a los 18 días no se reciben la petición de extradición, el preso deberá ser puesto en libertad. "Una situación que no ha tenido en cuenta" el magistrado que dictó sentencia al escritor turco-sueco, denuncia Moya.

Desde la oposición, han sido varios los portavoces que han cuestionado que este caso sea un problema judicial y han pedido al titular de Justicia que reconozca que se trata de un caso con fondo político. Así, desde Ciudadanos, han preguntado al ministro si España es consciente de que Erdogan está usando la Interpol contra su oposición. Es decir, que España "está ayudando a Turquía en sus prácticas represivas".

Ante estas palabras, Catalá ha señalado que el papel de España debe basarse en el respeto a la legalidad de un Gobierno que ha sido "legítimamente elegido por sus conciudadanos" y en la exigencia de que este Estado respete los convenios internacionales firmados. "Tendremos máxima sensibilidad con estos casos", ha concluido.