Las bolsas de plástico desaparecerán en 2018

El Pleno del Congreso ha aprobado el proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados se establece un calendario para la sustitución en 2018 de las bolsas comerciales de un sólo uso de plástico no biodegradable, y desde 2015 la obligación de marcarlas con un mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.

En 2016 el Gobierno deberá evaluar la consecución de los objetivos de dicho calendario y la conveniencia de adoptar medidas fiscales sobre el consumo de estas bolsas.

De igual forma, se abre la puerta a la creación de un Sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), siempre y cuando se tenga en cuenta su viabilidad técnica y económica, el conjunto de impactos medioambientales y la salud humana y, tratando con "especial consideración" las circunstancia de las pequeñas y medianas empresas.

El sistema de depósito y devolución de envases

Según explica el Ministerio de Medio Ambiente, de acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), promoviendo medidas para la recogida separada de los biorresiduos y su tratamiento biológico.

Sin embargo, el texto acordado condiciona el SDDR a que se tenga en cuenta la viabilidad técnica y económica, por lo que el Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales los informes preceptivos "con carácter previo a la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno".

Este sistema, que ya ha sido implantado por países como Alemania o Islandia, contempla el pago de una cantidad simbólica del consumidor al adquirir un envase, que recuperaría al devolverlo al sistema. El SDDR ya estaba contemplado en la normativa de residuos de 1998 y se recupera así en esta nueva ley.

Por otro lado, se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley de 1998 de Residuos y se clarifican algunas cuestiones relacionadas con la responsabilidad de la contaminación de los suelos; sólo que el nuevo texto refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones.

Asimismo se ha clarificado y completado el régimen sancionador.

A juicio de los expertos, la llegada a España del SDDR requeriría de la implantación de 20.000 máquinas expendedoras de envases, con un coste de 20.000 euros por unidad.

En total, 400 millones de euros que las industrias de la distribución, alimentación, el pequeño comercio, Ecoembes y Ecovidrio tachan de "inasumibles".

Los políticos en el Parlamento

Desde ICV, Nuria Buenaventura, ha subrayado que no termina de estar satisfecha con esta ley porque se pierde la oportunidad de caminar hacia la economía ecoeficiente y reducir la dependencia hacia el ecosistema y el clima.

"Hace falta mayor ambición en la fiscalidad ambiental, sistemas de depósito y de devolución de envases, además de que no apuesta por la recogida selectiva y el compostaje de materia orgánica", ha agregado.

Por parte del PNV, Joseba Agirretxea, ha tachado esta normativa de "muy importante y necesaria". En su opinión, "más vale tarde que nunca" y ya era hora de que España se pusiera al mismo nivel que el resto de países europeos. "Hay que mirar a países avanzados y que creo que tienen muchas cosas que enseñarnos", ha apostillado.

Carles Campuzano, portavoz de CiU en el Congreso en materia medioambiental, ha manifestado que el texto respeta las competencias autonómicas, si bien se refuerzan los espacios de colaboración entre las administraciones públicas.

La portavoz del PP en materia medioambiental, María Teresa de Lara, ha manifestado que esta ley representa la "chapuza habitual" a la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero viene acostumbrando, si bien ha reconocido que tiene una "enorme trascendencia" económica y social para muchos sectores.

Mientras, la diputada de PSOE, Margarita Pérez Herráiz, ha resaltado que esta normativa es "coherente" con las estrategias de lucha contra el cambio climático que está emprendiendo el Ejecutivo, donde se reconoce a los residuos como materia prima y no como un desecho.