El Senado rechaza instar al Gobierno a implementar medidas contra la pobreza energética

En concreto, la propuesta ha sido rechazada durante el Pleno de la Cámara Alta por 138 senadores y apoyada por 109. Se ha producido además una abstención.

El grupo parlamentario proponía aplicar un tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 4% para el aguar, el gas y la electricidad y realizar una auditoría sobre todo el sistema eléctrico y los "costes reales" del sector por parte de actores independientes y otra sobre el déficit de tarifa, según recoge la propuesta de Moción votada este martes.

Asimismo, el grupo pedía ampliar el bono social para hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social y que su concesión se base en la renta familiar a través de criterios "claros, transparentes y homogéneos", tanto para viviendas de alquiler como en propiedad. Además, proponía que se responsabilizara a las empresas a la hora de garantizar un suministro mínimo, descuentos en las facturas y bonos sociales.

La propuesta incluía también la exigencia a las empresas suministradoras de "mayor y mejor información" sobre los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica, los servicios energéticos contratados, las medidas de eficiencia energética y la disponibilidad de bonos sociales, así como de la publicación trimestral del número de consumidores que no pueden abonar la factura y de los que se ven afectados por cortes de suministro.

Podemos buscaba con su propuesta que la energía se considere un bien público para que se garantice que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y otros servicios energéticos básicos a un precio justo.

Además, el grupo parlamentario pedía regular el sistema de suministros básicos del hogar para establecer tarifas progresivas que incentiven el ahorro, penalicen el consumo ineficiente con elementos de fiscalidad energética y consideren la renta como criterio principal a la hora de establecer precios sociales favorables para las familias en función de los ingresos económicos.

Otra de las medidas que Podemos propuso es legislar la prohibición de los cortes de suministros aplicando el principio de precaución, de forma que no se puedan llevar a cabo suspensiones sin que haya previamente un informe de los servicios sociales que determine el grado de vulnerabilidad de las familias y su capacidad económica, así como que se garantice la garantía de suministro en momentos críticos en forma de "tregua invernal".