Prohibir los festejos taurinos acarreará indemnizaciones por 300 millones

El cálculo se remite a los 4,4 millones de ingresos que generó la temporada taurina de Barcelona en 2007, a razón de las más de 111.000 localidades vendidas en La Monumental a una media de 40 euros cada una, y apela al derecho civil catalán para asegurar que en caso de impedir el uso de una licencia de actividad se debe indemnizar el ejercicio de la misma durante los siguientes 99 años.

El informe de la plataforma hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, y se fundamenta en que, como en la actividad económica que generan las corridas de toros intervienen muchos actores -toreros, ganaderos y propietarios del coso, entre otros-, también son muchos a los que se debería indemnizar.

En cualquier caso, la plataforma reconoce que en Cataluña la afición taurina ha decrecido, como refleja que los festejos pasaron de 37 en 2001 hasta los 16 en 2007. Por todo ello, el coordinador de la entidad ha confiado en que durante la votación definitiva del Parlamento catalán que se celebrará mañana triunfen "los postulados de la libertad".

En concreto, la plataforma calcula entre 50 y 150 millones de euros el daño emergente que supondría la prohibición y el consecuente pago que se produciría únicamente por la compensación del uso que se hace de La Monumental. Para los taurinos, en la medida que se prohíba desarrollar una actividad económica, la Administración debe hacerse cargo del lugar donde se produce, basándose en el valor catastral.

Al mismo tiempo, y en virtud del llamado "lucro cesante" y el derecho civil, la Administración debería reparar los ingresos que se generan cada temporada en la Monumental, que a razón de 4 millones durante el próximo siglo suponen unos 400 millones. Con el descuento del interés y de la inflación, la cifra se sitúa en los 253 millones.

La suma de ambos conceptos arrojan una cantidad final entre los 300 y los 500 millones de euros que, según los cálculos de los mismos protaurinos, suponen que cada catalán debería pagar unos 57 euros de su bolsillo para permitir la prohibición de las corridas de toros en la comunidad.