Organizaciones sociales piden al Congreso ir más allá del el decreto de PP y PSOE contra los cortes de luz

La Plataforma por un nuevo Modelo energético y la Alianza contra la Pobreza Energética han trasladado este martes a los grupos parlamentarios sus propuestas para "mejorar" y conseguir un decreto de bono social y protección contra los cortes de suministro "más garantista", que incluya una definición de consumidor vulnerable y la obligación de las compañías eléctricas de solicitar información sobre los consumidores antes de efectuar un corte de luz.

Las organizaciones sociales se han reunido ya con Ciudadanos, Podemos y partidos del Grupo Mixto, que se han mostrado "muy receptivos" a sus propuestas ante la "inquietud" compartida por el problema de la pobreza energética, que afecta al 11% de la población española.

Así lo ha asegurado el portavoz de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Rodrigo Irurzun. en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Congreso tras las reuniones, que continuarán con el PP, el PSOE y ERC.

TOTALMENTE INSUFICIENTE

Irurzun ha explicado que han trasladado a los distintos grupos que el decreto ley pactado entre el PP y el PSOE es "totalmente insuficiente" por "muchísimos motivos", como el hecho de que solo protege contra los cortes de luz y no afecta a los suministros de gas o agua.

Ante la convalidación del decreto la próxima semana, Irurzun ha pedido "voluntad política" para su tramitación y ha denunciado que no hay una definición correcta del consumidor vulnerable, ya que hay "muchos consumidores que necesitan bono socia y no están atendidos y otros que están con bono social y no tienen una necesidad económica".

De esta forma, ha indicado que sus peticiones pasan por que la definición del consumidor vulnerable sea "lo más garantista posible", de forma que se tenga en cuenta el número de personas que convivan en la vivienda, sus situaciones agravantes como pueden ser la convivencia de alguna persona en situación de gran dependencia, mayores de 80 años, discapacidad del 75% o superior, o motivos de salud que requieran un elevado consumo energético.

Las organizaciones entienden por hogares en situación de vulnerabilidad aquellos que tengan ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si se trata de personas que viven solas, cifra que se incrementará en 0,25 veces el IPREM por cada persona adicional. Para una persona, la propuesta de las organizaciones sociales contempla unos ingresos de 1.331,28 euros, para dos 1.464,4 euros y para tres 1.597,53 euros.

En el caso de hogares en situación de vulnerabilidad severa contemplarían ingresos menores: para una persona, 1.065,02 euros, para dos 1.198,15 euros y para tres 1.331,28 euros.

PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

La propuesta de las organizaciones sociales establece el principio de precaución para evitar los cortes de suministro a aquellos consumidores que no pueden pagar los recibos por falta de medios económicos.

La portavoz de la Alianza Contra la Pobreza Energética, María Campuzano, ha subrayado la importancia de que se aplique el principio de precaución para evitar que se vuelvan a repetir casos como el de la mujer fallecida en Reus por un incendio provocado por una vela que utilizaba para el alumbramiento de su casa como consecuencia de un corte de suministro por impago.

De esta forma, las organizaciones piden que las empresas suministradoras tengan la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales antes de efectuar un corte de suministro por impago, para asegurar que el hogar no se encuentra en situación de vulnerabilidad severa. Este principio, incluido en la ley catalana de 2015, ha permitido parar más de 30.000 cortes, según las organizaciones.

En cuanto al bono social, las entidades consideran que el mecanismo de financiación planteado el pasado mes de diciembre penaliza a las comercializadoras con mayor número de clientes de consumo reducido, aquellas que cuentan con más contratos en el sector doméstico y a las pymes.

BONO SOCIAL

Por ello, exigen una forma de financiación que no sea "discriminatoria, desproporcionada e injusta", y que además no se pueda repercutir en la factura.

Asimismo, solicitan que el reglamento proteja más allá de quienes están en el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y seguidos por servicios sociales.

Más allá de estas propuestas, las organizaciones sociales ven necesario una ley estatal de mitigación y reducción de la pobreza energética que contemple la totalidad de los suministros básicos (agua, luz, gas y otros combustibles) y que garantice un derecho universal a su acceso, en un contexto de 7.000 muertes al año por causas vinculadas a la pobreza energética.

Irurzun ha calificado de "indecente" que en España haya personas que no puedan calentar sus hogares a unos niveles "mínimos" de habitabilidad y se produzcan situaciones en las que las familias tienen que "iluminarse con velas, haya niños bañándose con agua fría y no se calienten alimentos".

RESPONDEN A LA PATRONAL

Preguntados por las declaraciones del presidente de la patronal eléctrica Unesa, Eduardo Montes, en las que aseguraba que las empresas eléctricas "no tienen ningún interés" en que el precio de la luz esté alto y que no obtienen beneficios salvo cuando aumenta el consumo, Irurzun ha dicho que "no se puede entender" que las compañías eléctricas obtengan beneficios millonarios que "reparten entre accionistas" y se corte la electricidad a familias por su situación económica.

Igualmente, Campuzano ha reprochado a las eléctricas que "las que no se benefician son las familias que hacen equilibrios para poder pagar sus facturas", y ha advertido que estas dificultades las sufren muchas familias que aún pagando sus recibos no encienden la calefacción para no encarecer su factura.