Nadal dice que el caso de Reus es de "extrema vulnerabilidad" y elogia aspectos de la ley catalana

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado este miércoles, en el Pleno del Congreso, que la muerte de la anciana de Reus (Tarragona), Rosa Pitarch, es "un caso extremo de vulnerabilidad" que "no tenía que haber ocurrido" porque el corte de luz "no debería haberse materializado" debido a la ley existente en Cataluña.

Esta mujer, de 81 años, fallecía el pasado 14 de noviembre tras un incendio en su casa provocado por la velas que usaba al tener la luz cortada por impago. Según ha recordado el titular de Energía, la víctima estaba bajo el seguimiento de los servicios sociales, también en cuanto al gas y al agua. "Es un caso extremo de vulnerabilidad porque es un caso de pobreza extrema", pero hay un "caso más general de 5 millones de personas que sufren cortes por este motivo de los que se tiene que ocupar el Estado", ha insistido.

En este sentido, Nadal ha explicado que la política energética es competencia nacional, pero los asuntos sociales están en manos de las autonomías. Así, ha apuntado que lo único que puede hacerse, si las comunidades no quieres que la política social esté centralizada, es mejorar el Bono Social, creado durante el Gobierno de Zapatero, y ayudar a la comunicación entre las administraciones.

Durante su discurso, también ha reconocido como "evidente" que la política energética, en este asunto, "no está tan bien resuelta como en otros países" pero ha apostado por "seguir trabajando" y por la "predisposición al diálogo" que, a su juicio, puede ayudar a sacar adelante mejoras legislativas que solucionen el problema.

DEFENSA DE LA LEY RECURRIDA POR EL GOBIERNO

También en referencia al caso de la anciana de Reus, Nadal ha destacado durante su discurso la ley catalana de emergencia social, que incluía medidas contra la pobreza energética, y que el Gobierno tiene recurrida desde el pasado mes de mayo por "vulnerar competencias estatales en materia de legislación civil y procesal".

Concretamente, Nadal ha elogiado en repetidas ocasiones esta norma autonómica, que ha llegado a calificar de "muy buena" durante la respuesta a una interpelación del líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, en materia de pobreza energética.

El propio secretario general de la formación morada le ha recriminado que esté valorado positivamente una norma que el Gobierno tiene recurrida, a lo que el ministro ha contestado que el recurso se interpuso por otros puntos "que no tienen nada que ver" con el departamento que dirige "ni con la energía".

PODEMOS REPROCHA LA RELACIÓN DEL PODER CON LAS ELÉCTRICAS

Del mismo modo, Iglesias se ha referido a la relación del poder con las eléctricas, reprochando a Nadal el número de exministros y expresidentes que actualmente se encuentran en los Consejos de Administración de estas compañías. A su juicio, con este "truco" las eléctricas "compran" a políticos, consiguen mejor legislación a su favor y evitan las auditorías públicas que, según ha denunciado, "permite que el ciudadano no conozca el precio de la energía".

Al respecto, el ministro ha defendido que la normativa de conflicto de intereses se está cumpliendo y se han realizado informes de aquellos cargos que solicitan un cambio de actividad. "Si quiere endurecerla no tengo inconveniente en que la traigan a la Cámara, pero eso ya no es de mi competencia y sólo puedo decirle que, ahora, la normativa se está cumpliendo", ha declarado.

Iglesias también ha exigido al titular de Energía que trabaje para "recuperar los 3.500 millones de euros en costes por la transición energética" que las compañías eléctricas deben, a su juicio, a todos los españoles. Nadal le ha recordado que el Gobierno de Rajoy ha hecho sido el primero en poner reglas respecto al sector energético y ha pedido a Iglesias que "no hay que enfrentarse al sector por ser el sector" o a "una compañía grande porque tenga que ser mala", solo que "hay que trabajar bien para que haya competencia".

Al respecto, ha recordado el recurso presentado por el Ejecutivo al Supremo para que sigan siendo las eléctricas las que sigan ocupándose de sufragar el Bono Social, después de que el tribunal tumbara el sistema de financiación de estas ayudas.