El Consejo de Ministros aprobará mañana el acuerdo con PSOE y C's sobre cortes de luz y bono social

El real decreto ley, que deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de un mes, modifica algunos elementos de la Ley del Sector Eléctrico e incorporará a los consumidores en situación de vulnerabilidad severa dentro de la categoría de usuarios a las que no se puede cortar el suministro.

La norma establece que el bono social lo financiarán las comercializadoras de electricidad en función del número de clientes. Posteriormente, el Gobierno prevé acometer una revisión de esta ayuda para vincular su percepción a la renta.

Sobre los cortes de suministro, contempla además que, para los consumidores vulnerables, no se pueda cortar la luz en un periodo de cuatro meses desde la notificación del impago.

También se incluye la obligación de que haya respuesta por parte de los servicios sociales cuando se les consulte sobre la situación de las familias vulnerables.

En el desarrollo reglamentario quedan pendientes la articulación del procedimiento para evitar los cortes de suministro, la modificación de la definición de consumidores vulnerables que pueden acogerse al bono social y la fijación de mejores prácticas de comercialización para que los usuarios puedan conocer de forma más clara las ofertas energéticas.

El Gobierno calcula que actualmente hay 2,6 millones de hogares con consumidores vulnerables, que suponen unos siete millones de personas, que reciben un descuento en la factura de la luz a través del bono social.

INFRACCIONES "MUY GRAVES".

El Gobierno podrá imponer además sanciones de hasta 60 millones de euros a las comercializadoras de electricidad que no cumplan con sus obligaciones referidas al nuevo sistema de financiación del bono social, según consta en el borrador del real decreto por el que se regula el nuevo mecanismo de fijación de esta ayuda a consumidores vulnerables.

En concreto, el real decreto ley incorpora por primera vez al catálogo de conductas consideradas "muy graves" dos apartados relacionados con las obligaciones de las comercializadoras con el bono social. Estas infracciones implican penalizaciones por importe de entre 6 y 60 millones de euros.

La sanción de entre 6 y 60 millones es la mayor de las recogidas por la ley eléctrica y, a partir de la aprobación del real decreto, se podrá aplicar cuando la comercializadora "deje de ingresar dentro de los planes legal o reglamentariamente establecidos las cuantías que correspondan al reparto del coste del bono social", siempre que la cantidad anual que deba aportarse sea superior a 5 millones de euros.

La infracción por conducta "muy grave" también se podrá imponer cuando se produzca "el falseamiento u ocultación de datos sobre número de clientes o energía eléctrica suministrada o de cualquier otra información que se solicite por la Administración a efectos de la aplicación del mecanismo de financiación del bono social".

LO COSTEAN LAS MATRICES.

El borrador también señala que el bono social será asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen actividades de comercialización de electricidad, y no por las propias sociedades.

Además, indica que el importe que deberá financiar cada comercializadora se fijará no tanto en función de la energía suministrada como del número medio de clientes.