Cataluña pide un bono social energético con descuentos hasta el 100% y cofinanciado por las suministradoras

La Generalitat hará llegar al Gobierno central una propuesta de modificación del bono social energético actual para que incluya descuentos del 25% al 100% tanto en electricidad como en gas y que esté cofinanciado al 50% por el sistema eléctrico y gasista y por las empresas suministradoras.

Esta es la propuesta catalana que ha recibido este martes el Consell Executiu del Govern tras el encargo realizado en diciembre a un grupo de trabajo formado por representantes de diversas consellerias, entidades, administraciones locales y el Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya.

El documento propone diverso grado de descuentos en la factura en función de la renta --con un máximo de 2,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña--, los miembros de la unidad familiar y de la zona climática de la vivienda.

Así, por ejemplo, las personas o unidades familiares con rentas inferiores o iguales al IRSC deberán disfrutar el 100% de descuento.

La propuesta parte de que el bono social actual beneficia a personas que no necesariamente están en situación de vulnerabilidad, y defiende la necesidad de que exista un bono social eléctrico y un bono social del gas, y advierte de la conveniencia de que el Estado desarrolle también un bono social sobre la bombona de gas butano.

CONDICIONES

Los beneficiarios del bono social deberán acreditar que el contrato de suministro está vinculado a su vivienda habitual y tener contratada la tarifa Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) y una potencia igual o inferior a 6,9 kW, en el caso del suministro eléctrico.

En el caso del gas natural, deben tener contratada la tarifa de último recurso TUR1 y un consumo anual igual o inferior a 5.000 kWh, por lo que, si se encuentran en el mercado libre, los beneficiarios deberían aceptar pasar a estas tarifas reguladas.

La propuesta también contempla que los descuentos se apliquen sobre toda la factura, salvo el IVA, y fija que el IVA aplicable debería ser el superreducido, que es del 4% en el coste del bono social.

El grupo de trabajo ha contado con dos representantes de la Conselleria de Empresa y Conocimiento; dos representantes de la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, y dos representantes de las entidades de la Mesa de emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

También han participado un representante de la Associació Catalana de Municipis (ACM), un representante de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y un representante del Colegio Oficial de Trabajo Social de Catalunya, así como --a petición propia-- el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona.

El Govern ha indicado que la medida está en línea con las políticas para avanzar hacia un nuevo modelo energético sostenible, democrático, distribuible y equitativo, por lo que también está trabajando en la consecución del Pacto Nacional para la Transición Energética.