Cataluña decide este miércoles si prohíbe o no los toros

El Parlamento catalán decidirá el próximo miércoles, 28 de julio, a partir de las diez de la mañana, si prohíbe las corridas de toros en Cataluña, tal como pide una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) avalada por 180.000 ciudadanos.

La propuesta, impulsada por la Plataforma Prou! (¡Basta!), llega al debate final con un margen de ventaja para los antitaurinos, puesto que la mayoría de los diputados de CiU, el mayor grupo de la Cámara, son partidarios de la abolición.

Aún así, las asociaciones de defensa de los toros en Cataluña y los partidos que apoyan la continuidad de las corridas apuran sus opciones para evitar que Cataluña sea la segunda comunidad española -Canarias lo hizo en 1991- en vetar este tipo de festejos.

Aficionados y antitaurinos se manifiestan en la Monumental

Cerca de un centenar de aficionados a los toros y personas a favor de prohibir las corridas se han manifestado esta tarde, por separado, ante la plaza de la Monumental de Barcelona, tres días antes de que el Parlament someta a votación si se prohíben las corridas de toros en Cataluña.

Los antitaurinos, más de 30 personas, portaban carteles en castellano, catalán e inglés en las que se exhibían fotos de toros ensangrentados bajo lemas como "Stop a la crueldad animal", "No más sangre", "Es triste prohibir, pero es más triste torear" o "Yo no quiero subvencionar la tauromaquia". El medio centenar largo de protaurinos, que se han ubicado en la entrada principal de la plaza de toros de Barcelona y a 50 metros de los prohibicionistas, portaban mayoritariamente banderas catalanas y alguna española.

En sus pancartas se podían leer lemas como el de "Libertad", "Prohibir es de dictaduras", "Toros sí" y "Queremos toros en Cataluña". En algún momento entre ambos grupos de manifestantes se han cruzados algunos gritos de "asesinos" o "libertad", pero la protesta se ha desarrollado sin incidentes. En la Monumental han toreado este domingo David Fandila "El Fandi", Manuel Jesús "El Cid" y Alejandro Talavente.

CiU, clave para la prohibición o no

Los diputados de CiU decantarán el miércoles la prohibición o no de las corridas de toros en Cataluña, en la votación definitiva en el Parlament del proyecto de ley, que finalmente no será secreta, como sí fue cuando se sometió a votación en la cámara la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que instaba a prohibirlos.

Aunque fuentes de todo el arco parlamentario consultadas apuntan a un 'sí' a la prohibición a partir de enero de 2012, será determinante la postura de una docena de parlamentarios de CiU que en la admisión a trámite de la ILP votaron en contra o se abstuvieron. A favor de la prohibición votarán los diputados de ERC e ICV, mientras que el PSC dará libertad de voto, aunque la mayoría se alineará con PP y C's a favor de que sigan las corridas, según las citadas fuentes.

En diciembre del pasado año, con el apoyo de 67 de los 135 diputados del Parlament se admitió a trámite la ILP, respaldada por 180.000 firmas recogidas por la Plataforma Prou!, en una votación secreta en la que CiU y PSC concedieron libertad de voto a sus diputados. Según cálculos de la Plataforma para la Promoción y la Difusión de la Fiesta de los Toros, solo necesita conseguir el voto favorable de cuatro diputados de CiU para garantizar la continuidad de los festejos taurinos en Cataluña, tras asegurar que diez representantes de UDC ya se han comprometido a votar contra la prohibición.

Según la Plataforma, la suma de votos de PSC, PP y Grupo Mixto -que a priori votarán en contra de la prohibición-, suman 54 diputados, a tan solo 14 de lograr la mayoría absoluta en el Parlament.

Aval del Consell de Garanties

A principios de este mes, el Consell de Garanties Estatutries publicó un dictamen, en respuesta al recurso presentado por el PP, en el que afirma que la Generalitat es competente para prohibir las corridas de toros en la comunidad.

Afirma en su escrito que la Generalitat tiene "competencia exclusiva" en la regulación de espectáculos públicos y añade que la prohibición no atentaría contra los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la cultura. Por ello, el máximo órgano que interpreta el Estatut abre la puerta a que la votación sea vinculante.