El CGPJ tramita la solicitud de suspensión a Garzón

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado solicitar a la Fiscalía que informe sobre la posibilidad de proceder a la suspensión cautelar del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en relación con los dos procedimientos penales admitidos a trámite contra él en el Tribunal Supremo (por investigar las desapariciones del franquismo y por su gestión de unos cursos en Nueva York).

La resolución supone dar el primer paso para suspender temporalmente en sus funciones a Garzón, si bien el contenido del informe del fiscal no es vinculante.

La consulta a la Fiscalía se produce antes de que Garzón haya podido recurrir el auto dictado el pasado jueves por el magistrado del alto tribunal Luciano Varela, en el que éste expresaba sus motivos para sentarle en el banquillo y rechazaba, por tanto, archivar la causa por prevaricación relacionada con su investigación de la memoria histórica.

Hay que tener en cuenta que la posibilidad legal, si bien parece harto improbable, de que la Sala admita su recurso de apelación y archive las actuaciones contra el juez.

Las querellas

La primera causa abierta contra el juez de Garzón es por prevaricación por investigar las desapariciones tras la Guerra Civil. El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, que instruye la causa, señala que el examen de las actuaciones "ha revelado, como hecho probable, que el magistrado querellado actuó con la finalidad de eludir la decisión del legislador sobre el régimen de localización y exhumación de víctimas de los horrendos crímenes del franquismo (...) sabiendo que éstos habían sido objeto de amnistía por las Cortes democráticas de España, cuya voluntad decidió conscientemente ignorar u orillar".

La otra causa pendiente interpuesta contra Garzón está relacionada con la organización de unos cursos en Nueva York entre 2005 y 2006, cuando disfrutaba de un permiso de estudios, que fueron patrocinados por el Banco Santander. A su vuelta a España, el juez archivó una causa que tenía pendiente contra directivos de la entidad, según la denuncia.