Ante los nuevos casos de pobreza energética, Ada Colau ha apuntado que esta situación se debe “revertir” ya que es “una obligación jurídica”. La alcaldesa ha añadido que el Gobierno está obligado “a responsabilizar a esas compañías” y ha apuntado que los ayuntamientos, que son la administración más cercana a la ciudadanía, están solos “en la primera línea de la trinchera”. Sin embargo, también ha destacado que su deber es dar respuesta “en situaciones de emergencia” y, por ello, han empezado a poner “las primeras multas” a las grandes compañías, tanto a las eléctricas como a las entidades financieras.
