Vivir junto a un polvorín

La explosión y el posterior incendio de la nave de tratamiento de productos químicos en Arganda del Rey dejó 35 heridos, dos de ellos graves, considerables desperfectos en las casas cercanas al polígono industrial en el que se ubicaba la planta y provocó el desalojo de 5 centros educativos. Apenas 500 metros separaban la empresa de un instituto.

La normativa vigente no especifica una distancia de seguridad mínima entre este tipo de empresas, susceptibles de provocar accidentes por trabajar con sustancias peligrosas, y núcleos de población.

Las Comunidades Autónomas pueden establecer esas distancias en virtud de su tamaño, los productos con los que trabaja y las probabilidades de que se produzca un accidente. Y en el caso de Arganda del Rey ya hubo uno, un incendio en junio de 2013. Entonces la comunidad de Madrid retiró la autorización a la empresa pero volvió a concedérsela en diciembre de aquel mismo año.

Eso, con la legislación actual, pero en España sí hubo una distancia mínima entre empresas de este tipo y zonas residenciales: 2 kilómetros, se fijó en un real decreto preconstitucional en 1961. Esa distancia fue posteriormente derogada en la ley de calidad del aire en 2007.

El de Arganda no ha sido el único caso. El pasado febrero un aparatoso incendio devoraba una empresa de gestión de residuos en Paterna. Sobre el mapa, la planta estaba situada a 700 metros de un instituto, la misma distancia que había entre el cementerio de neumáticos de Seseña y la urbanización más cercana. El incendio del vertedero también obligó a desalojar a los vecinos.