La termosolar reclama tener un cupo en la próxima subasta de renovables

"La planificación de nueva capacidad renovable en España debe incluir, incuestionablemente, potencia gestionable, como la termosolar, que proporcione respaldo a las tecnologías fluyentes, como la eólica o la fotovoltaica", afirmó Crespo en una conferencia pronunciada en el marco de la feria Genera 2017.

El presidente destacó que el precio del kilovatio hora (KWh) "no puede ser el único criterio que marque la planificación energética", ya que las centrales termosolares son hoy en día competitivas, "frente a la doble inversión que supondría centrales fluyentes respaldadas con nuevos ciclos combinados cuando concluya la vida operativa de los actuales".

Crespo, que estimó que los costes de generación del kWh de las centrales termosolares con seis horas de almacenamiento son bastante más baratos que los de las centrales fotovoltaicas, indicó que, incluso con la posición adoptada por el Gobierno de neutralidad tecnológica, las subastas deberían diferenciar entre renovables con y sin almacenamiento.

Para el presidente de Protermosolar, un sistema libre de emisiones "no puede conseguirse exclusivamente con renovables fluyentes", por lo que espera que las decisiones que se adopten para cumplir los objetivos de 2020 no estén basadas únicamente en el criterio del mínimo coste, sino en optimizar el valor de la nueva potencia para el sistema eléctrico en su conjunto y para el relanzamiento industrial del país.

En este sentido, subrayó que los posibles apoyos a la termosolar se comienzan a pagar tres o cuatro años después de la aprobación de las centrales, mientras que los impactos macroeconómicos positivos empiezan de inmediato. "La contribución al PIB y al empleo serán otras razones adicionales que muevan a los responsables energéticos de los países soleados a apoyar su implantación", añadió al respecto.

Finalmente, Crespo aseguró que España tiene una posición tecnológica "privilegiada" en el sector, por lo que dejar que se pierda ese liderazgo "sería un error histórico del Gobierno con consecuencias negativas para la economía española".