El CEO de Telegram reitera su negativa a facilitar el acceso a cuentas de su aplicación al servicio de seguridad ruso

La sanción económica a Telegram, establecida este lunes por el tribunal moscovita de Meshchansky, se debe a la negativa de Durov a facilitar herramientas con las que el FSB podría crear una puerta trasera con la que burlar la encriptación de mensajes de la aplicación, lo que, como entiende el responsable de Telegram, constituye una infracción del código administrativo ruso.

El FSB, una agencia de investigación gubernamental heredera del KGB y dependiente directamente del presidente ruso --el equivalente al FBI en Estados Unidos--, reclamó al CEO de Telegram, el ruso y residente en Estados Unidos Pavel Durov, que le facilitase estas herramientas para acceder a los mensajes intercambiados por los usuarios de seis números de teléfono.

Tras la presentación del requerimiento, que llevó a cabo el FSB el pasado 12 de julio y por la que reclamaba los mensajes de seis números de teléfono, la compañía responsable de la aplicación de mensajería disponía de un periodo de siete días para proporcionar los medios a las autoridades rusas, según ha publicado la agencia rusa de noticias TASS.

Durov, a su vez, ha respondido criticando la sanción del tribunal ruso, y ha asegurado que "el deseo del FSB de acceder a mensajes privados constituye un intento de expandir su influencia a expensas de los ciudadanos y los derechos y libertades constitucionales", como ha publicado el ejecutivo en su cuenta en la red social VKontakte.

No se trata esta de la primera ocasión en la que Telegram ha tenido problemas en Rusia por motivo de su política de encriptación de mensajes, ya que el pasado mes de junio, Aleksandr Zharov, director del Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones ruso, amenazó con bloquear la aplicación en Rusia si esta no cumplía con la ley.

WhatsApp y Apple son dos compañías que han vivido situaciones similares en los últimos años. La aplicación de mensajería llegó a quedar bloqueada en Brasil, en 2016, por orden judicial, debido a la negativa de su dirección de entregar información de varios usuarios en el marco de una investigación de narcotráfico y crimen organizado.

Apple, por su parte, rechazó proporcionar al FBI las herramientas para crear una puerta trasera en un dispositivo iPhone perteneciente a uno de los atacantes en el tiroteo de San Bernardino (Estados Unidos), que tuvo lugar en diciembre de 2015.