Brusela acusa a la CMT de "proteger los intereses del sector de la telefonía móvil" y no los de los usuarios

El Ejecutivo comunitario explicó que el retraso propuesto por la CMT "podría significar un año más de precios innecesariamente altos para los usuarios de móviles en España en un momento en que los consumidores españoles ya se encuentran seriamente afectados por la crisis económica".

Las tarifas de terminación móvil son las que se aplican entre sí los operadores por la entrega de las llamadas y que se repercuten en el precio final que pagan consumidores y empresas.

La normativa de la UE exige que, como muy tarde el 31 de diciembre de 2012, las tarifas de terminación móvil se fijen en toda la UE según su coste real, es decir, en un nivel equivalente a lo que le cuesta terminar llamadas en su red a un operador eficiente.

En España, estas tarifas "son actualmente mucho más elevadas".

Según el Ejecutivo comunitario, la CMT ha propuesto prolongar en un año, hasta 2014, el periodo de transición "a fin de proteger los intereses del sector de la telefonía móvil en España".

*Los consumidores españoles no tienen por qué pagar más de la cuenta por las llamadas móviles, sobre todo en un momento de dificultades para la economía nacional. El sector ha tenido ya tres años para adaptarse, y no se puede justificar otro año de demora*, ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Telecomunicaciones, Neelie Kroes, en un comunicado.

El Ejecutivo comunitario no comparte el argumento de la CMT de que una fuerte reducción de precios en diciembre de 2012 "tendría un impacto demasiado negativo sobre dicho sector". En opinión de Bruselas, "el regulador español no ha demostrado que se justifique prolongar el plazo, en particular teniendo en cuenta que el período de adaptación al nuevo enfoque sobre las tarifas de terminación móvil comenzó en 2009".

En una carta remitida este lunes a la CMT, la Comisión explica que esta propuesta no se ajusta a los principios y objetivos de la normativa sobre telecomunicaciones de la UE, que exige que los Estados miembros promuevan la competencia y los intereses de los consumidores en la UE, así como el desarrollo del mercado único.

La CMT dispone ahora de tres meses para negociar un compromiso con la Comisión y el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE). Mientras tanto, la aplicación de la propuesta del regulador español queda en suspenso.