El 50% de las víctimas de violencia de género no estudian ni trabajan por la prohibición de sus parejas

El 47,7% de las mujeres víctimas de violencia de género, atendidas en el servicio ATENPRO de Cruz Roja, no podían trabajar o estudiar porque el maltratador se lo prohibía, según se desprende del último 'Boletín sobre Vulnerabilidad Social y Violencia de Género' correspondiente a julio de 2017.

ATENPRO es el servicio telefónico de Atención y Protección para víctimas de la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y es gestionado por la FEMP. En 2013 se adjudica la prestación a Cruz Roja de España en todo el Estado.

El estudio ha sido presentado este martes 12 de septiembre por el presidente de Cruz Roja, Javier Senant García, el coordinador general de Cruz Roja, Antoni Bruel, la presidenta de la comisión de igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Maria Eugenia Rufino, y la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Maria José Ordoñez en la sede de la ONG en Madrid.

Entre otras cuestiones, el informe apunta que el 70% de más de 1.000 mujeres encuestadas asegura que el maltratador no le dejaba tomar decisiones relacionadas con la economía doméstica, hacer compras e, incluso, le negaba dinero para sus gastos.

Asimismo, el 80,5% de las mujeres atendidas por el servicio ATENPRO no podía relacionarse con su familia y en torno a un 80% asegura que el maltratador controla su teléfono móvil y sus redes sociales. Así, hasta un 96,7% ha padecido violencia psicológica, intimidaciones, amenazas, menosprecios, humillaciones, y tiene el autoestima minado.

Respecto a la violencia física y sexual, la investigación señala que el 88,7% de las mujeres asegura haber recibido empujones, golpes (70,9%), amenazas con armas o mención de utilizarlas (56,4%), relaciones sexuales forzadas (61,5%) y lesiones (76,6%). Además el 67,1% de los hijos menores de edad ha sufrido algún episodio de violencia y en el 23,2% se les ha diagnosticado estrés postraumático.

Preguntadas sobre en quién han confiado a la hora de hablar sobre el maltrato sufrido, el 14,2% de las mujeres atendidas por Cruz Roja confiesa no habérselo contado a nadie de su entorno, mientras que un 36,8% ha confiado en una amiga, a su madre (30%), a su padre (17,5%), y a su hermana (16,3%).

De este modo, la mayoría de las personas en las que han confiado eran mujeres y los principales consejos que han recibido son dejar la relación (69,8%), dar una nueva oportunidad al maltratador (10,8%) y en un 6,5% han sufrido recriminaciones por su actitud, algo que, según señala Bruel, denota la "gran labor" de concienciación social que queda por hacer.

En relación con la situación jurídica de las mujeres encuestadas en este estudio, el 91,8% asegura que ha denunciado; el 87,8% ha tramitado orden de protección y otras medidas penales civiles y sociales el 83,1% cuenta con un abogado del Turno de Oficio; el 80,3% ha pasado por un Juicio Rápido; el 72,1% cuenta con una sentencia firme; y el 58,5% se muestra conforme con el trato recibido durante el proceso judicial.

El 'Boletín sobre Vulnerabilidad Social y Violencia de Género' también recoge la realidad de las mujeres que atenidas por Cruz Roja en relación con las medidas sociales y civiles recibidas. Así, el estudio muestra que más del 35% de las víctimas de violencia de género no contesta a la pregunta sobre medidas de apoyo social (no ha tramitado o no ha recibido ayudas).

En este punto, el informe indica que el 20,3% dispone de ayuda económica específica contemplada en la Ley Orgánica 1/2004, y el 39,5% recibe una Renta Activa de Inserción; el 37,3% no recibe pensión por los hijos pese a que cuenta con una resolución judicial al respecto; el 9,9% no tiene pensión establecida ni recibe dinero. Además ninguna de las mujeres que están trabajando tiene un contrato bonificado (específico para Víctimas de Violencia de Género).

Con respecto a la expareja, la investigación destaca que la situación actual más frecuente es que la víctima no le vea, lo que sucede en un 50,2% de los casos porque él tiene una orden de alejamiento y en otro 32,5% porque no se encuentra con él, aunque no se de esta circunstancia. Existe un 7% que manifiesta ver al agresor de vez en cuando, fuera del domicilio.

En este sentido, el 52% de las mujeres encuestadas cree que corre un riesgo alto o muy alto de ser agredida; el 35% adjudica el mismo nivel de riesgo a sus hijos; y un 7,8% de las víctimas de violencia de género considera muy bajo el nivel de riesgo. En este punto, Bruel ha matizado que el miedo puede ser subjetivo ya que hay mujeres que sienten que no están en peligro cuando si lo están.

Por otro lado, el boletín aborda la situación socioeconómica de las mujeres. La mayoría de los problemas señalados se refieren a la precariedad económica (69,8%), la salud (48,6%) y el empleo (38,8%). Además, un 32,6% de las mujeres indica que ha tenido problemas con la vivienda, como no poder pagar el alquiler (34,6%) o los servicios (29,1%). Un 14,2% lleva algún tiempo sin poder pagar la hipoteca.

Sobre la situación ocupacional, existen mujeres desempleadas y que buscan empleo (39,1%) y mujeres que trabajan por cuenta ajena o asalariadas (37%), seguidas de las que están en paro y no buscan trabajo por distintos motivos (5,6%) y las que trabajan en la economía sumergida (3,6%). El total de mujeres que no tienen un trabajo u ocupación profesional y están en edad activa es del 53,6%; un 6% están jubiladas o reciben algún tipo de pensión.

El riesgo de pobreza o exclusión social entre las víctimas de violencia de género se sitúa en el 84% respecto al 28,6% de la población general, mientras que la pobreza relativa es del 78,4% (población general del 22,1%) y la pobreza extrema del 52,8%. En el caso de la tasa de pobreza infantil el porcentaje se eleva, según desvela el informe, a el 78,6% cuando la tasa de la población general es del 28,8%.

PERFIL TRASVERSAL DEL MALTRATADOR

En este sentido, y en cuanto al perfil del maltratador, Bruel señala que es "trasversal" e independiente a su nacionalidad. Asimismo, explica que en el ámbito del maltrato a las mujeres "las clases sociales no existen", siendo la pobreza una consecuencia, pero no el origen. De esta manera, aunque algunas mujeres maltradas no parten de una situación de pobreza, acaban viendo perjudicada su situación económica.

En materia de salud, el 13% de las mujeres atendidas tienen alguna discapacidad. Un 9,5% tiene certificación de discapacidad, mientras que un 3,5% no dispone de la acreditación. Del total de mujeres con discapacidad, el 69,2% presenta discapacidad física, un 19,6% de carácter intelectual y un 13,3, motora.

En este estudio, el 98,6% de las mujeres atendidas no está embarazada, el 1% sí lo está y un 0,4% no lo sabe. Dentro de las que están embarazadas, el 9,1% tiene un embarazo considerado 'de riesgo' por los médicos, el 81,8% no está en esta situación y el 9,1% no lo sabe.

Respecto a sus relaciones sociales, el informe apunta que el 35,9% asegura tener una nueva pareja y un 13% indica que sufre agresiones en la nueva relación. Además, el 53,8% reside en el mismo lugar desde hace más de 10 años; y el 67,7% cuenta con alguien a quien contar sus problemas pero sólo 35% tiene a alguien a quien puede pedir ayuda económica o material.

Por último, han informado de que "lo más efectivo" para aquellas mujeres que se encuentren en situación de maltrato y necesiten ayuda es acudir a los servicios sociales de sus respectivos ayuntamientos para recibir apoyo, información transversal y asesoría jurídica en caso de que la víctima elija denunciar. Además, precisan que no hay lista de espera y que el caso se tramita de manera inmediata.