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La vicepresidenta del CSN se opone a debatir en el organismo extender la vida de las centrales nucleares a 60 años

La vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Rosario Velasco, ha pedido a los consejeros Cristina Narbona y Fernando Castelló que retiren sus propuestas sobre el debate de la operación a largo plazo en las centrales nucleares españolas al considerar que el asunto no forma parte de las funciones del regulador nuclear español y podría confundir a la opinión pública.
Velasco, a raíz de las propuestas elevadas por los consejeros en la reunión del pleno del 30 de noviembre, en el siguiente encuentro, del 14 de diciembre y una vez aprobada el acta, quiso expresar su opinión respecto a la operación a largo plazo.
Así, recuerda que las propuestas elevadas por los consejeros en el pleno anterior y que no se debatieron. La vicepresidenta manifiesta que "no es competencia" del CSN "el debate político y social" sino que eso debe sustanciarse en otro ámbito, según expresó en la reunión.
"La responsabilidad del CSN es exclusivamente técnica y reguladora de tal forma que debe conocer y definir cada uno de los hitos necesarios para garantizar la seguridad en ese escenario", insiste.
Velasco señala también que la propia propuesta de Castelló describe que ese trabajo --el de estimar las posibilidades de alargar la vida de las plantas nucleares-- se ha realizado a lo largo de los últimos años mediante un grupo de trabajo específico, la participación en proyectos de investigación, el seguimiento y participación en los grupos internacionales dedicados al tema y la adaptación de la regulación propia.
Con ese trabajo, según añade, se pudo emitir un informe al Gobierno "con todas las condiciones" para que una central nuclear española operara más allá de los 40 años en el año 2009.
Ese informe al que se refiere la vicepresidenta del CSN es, precisamente, el que de la solicitud en 2008 de Nuclenor, el titular de la central nuclear de Santa María de Garoña, para renovar la autorización de la planta hasta 2019.
Entonces, el dictamen fue favorable a la continuidad por unanimidad, aunque después el Gobierno limitó el permiso hasta julio de 2013. La central burgalesa, que comenzó a producir electricidad en 1971, está parada desde diciembre de 2012, pero de haber llegado hasta la fecha que el CSN autorizó habría alcanzado 48 años de edad. Finalmente, operó 43 años y en este momento está pendiente del informe del regulador sobre su solicitud para volver a operar hasta 2031, por 17 años más, que la llevarían a soplar 60 velas.
En este contexto, Velasco pide a los consejeros "que retiren las propuestas ya que podría confundir a la opinión pública". Sin embargo, aún admite que "algunas" de las propuestas de Castelló "podrían tenerse en cuenta", como su sugerencia de incorporar en el módulo de Policy Issues de la IRRS que ha solicitado el Gobierno de España; la revisión de este tema así como la propuesta de actualización permanente del conocimiento según las mejores prácticas.